Sheinbaum quiere que el Estado imprima las boletas que antes imprimían los mismos contratistas señalados en el escándalo de Taddei. ¿Es la solución, o es otro problema?

El 29 de octubre, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso algo que, en el papel, suena como la solución directa al escándalo que la semana pasada forzó la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral: convertir a Talleres Gráficos de México en una empresa del Estado, con consejo de administración y mecanismos de observación externa, para concentrar ahí la producción de la mayor parte del material electoral del país —boletas, mamparas, chalecos de funcionarios de casilla— y reducir así la dependencia de contratistas privados. Sheinbaum presentará la propuesta formal la próxima semana. El problema es que la solución que plantea traslada la responsabilidad de producir el material que decide elecciones desde un puñado de empresas privadas opacas hacia una entidad controlada, en última instancia, por el mismo poder Ejecutivo que esas elecciones determinan quién ocupa.

Las mismas empresas, otra vez

La propuesta no llega en el vacío. Llega apenas días después de que se destaparan los contratos que precipitaron la salida de Taddei: una adjudicación directa de 197.6 millones de pesos que el INE otorgó en 2025 a Cajas Graf y Corporativo Zeg, dos empresas ligadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, después de que una licitación previa para el mismo material se declarara desierta. Ambas firmas ya tenían, según documentó esta misma serie la semana pasada, antecedentes de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Federal de Competencia Económica por posibles prácticas monopólicas. Sheinbaum, en su propuesta de este jueves, calificó a este tipo de intermediarios como "coyotes" —empresas que ganan la licitación y después subcontratan a terceros, en ocasiones a precios menores al valor original del contrato— y extendió la acusación más allá del caso específico de Taddei: según ella, el patrón de concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores viene desde 1999, más de dos décadas antes de que Taddei llegara a la presidencia del instituto.

Lo que Talleres Gráficos de México ya hace, y lo que haría de más

Talleres Gráficos de México no es un actor nuevo en este mercado: ya ganó, en 2024, un contrato federal de aproximadamente 580 millones de pesos para documentación electoral, además de 688 millones adicionales contratados por 13 estados ese mismo año. Lo que cambiaría con la propuesta de Sheinbaum no es que TGM entre al negocio de material electoral —ya está ahí—, sino que pase de ser uno de varios proveedores a concentrar la mayor parte de la producción, operando como empresa del Estado con un consejo de administración todavía sin detalles públicos sobre su composición o sus garantías de independencia. Para lo que no produzca directamente, Sheinbaum dijo que los contratos con proveedores privados se otorgarían mediante procesos "más abiertos y transparentes" —una promesa que, hasta ahora, no viene acompañada de ningún mecanismo específico que la haga verificable.

La pregunta de autonomía que la propuesta no resuelve

El INE existe, desde su diseño constitucional en el artículo 41, como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, precisamente para que la organización de las elecciones no dependa del gobierno en turno que compite en ellas. Es una autonomía que la propia literatura académica sobre el tema describe como relativa —el instituto se financia con recursos públicos aprobados por el Congreso, no existe en un vacío de poder—, pero que en su diseño original busca, de manera explícita, mantener distancia operativa entre quien organiza la elección y quien la disputa. Concentrar la producción del material electoral en una empresa del Estado, por más consejo de administración que tenga, no es automáticamente compatible con ese principio de distancia: una empresa estatal sigue siendo, en última instancia, una entidad cuya gobernanza depende de decisiones del poder Ejecutivo, no del propio INE. Ninguna de las coberturas consultadas hasta el cierre de esta nota incluye una declaración del INE sobre si fue consultado antes del anuncio, ni sobre cómo leen la propuesta en términos de su propia autonomía operativa.

El contexto político que hace la pregunta más urgente, no menos

La propuesta llega en un momento en que el partido en el gobierno, Morena, tiene la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para definir, dentro de los próximos días, quién sucede a Taddei en la presidencia del INE —un proceso que la propia bancada ha dicho que buscará resolver por consenso, aunque matemáticamente no necesita el acuerdo de la oposición para imponer un nombre—. Que la misma semana en que se decide esa sucesión el Ejecutivo proponga además tomar control de la producción del material electoral no prueba, por sí solo, una intención de captura institucional: es perfectamente consistente también con una respuesta genuina y bien intencionada a un problema de corrupción documentado durante más de veinte años. Pero la combinación de ambos procesos —quién preside el INE y quién produce sus boletas— ocurriendo en la misma ventana de tiempo, bajo el mismo partido con mayoría legislativa, es exactamente el tipo de coincidencia que exige más escrutinio público, no menos, antes de aceptar la propuesta como una solución neutral a un problema que, hasta ahora, solo había involucrado a contratistas privados.

Lo que la Auditoría Superior todavía tiene que confirmar

Sheinbaum pidió explícitamente a la Auditoría Superior de la Federación que audite las finanzas del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales, incluyendo tanto el periodo de Taddei como periodos anteriores —una solicitud que, de tomarse en serio, podría finalmente cuantificar qué tan extendido estuvo el patrón de contratos concentrados que ella describe desde 1999. Esa auditoría, no el anuncio de esta semana sobre Talleres Gráficos, es la pieza que realmente podría distinguir entre un problema estructural de dos décadas que merece una solución estructural, y un episodio más limitado que no justifica necesariamente trasladar la producción electoral completa hacia una entidad estatal. Mientras esa auditoría no concluya, la propuesta de esta semana sigue siendo, en el mejor de los casos, una respuesta adelantada a una pregunta que todavía no tiene todas sus respuestas documentadas.