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La renuncia de Taddei al INE destapó contratos por 395 millones de pesos a dos empresas que aparecieron en el padrón de proveedores semanas después de que ella llegó a la presidencia

Guadalupe Taddei entregó el lunes 26 de octubre su renuncia a la presidencia del INE, en medio de señalamientos de adjudicación irregular de contratos, colusión y triangulación de recursos públicos. Las cifras documentadas suman al menos 395 millones de pesos entre contratos a empresas de un proveedor con el que Taddei tenía una relación personal cercana y una adjudicación directa, tras una licitación declarada desierta, a dos firmas con antecedentes de investigación por la UIF y la Cofece.

En una mirada
198 millones de pesosMonto que, solo en 2024, recibieron del INE las empresas del contratista José Alfredo Hernández2024 · Excélsior
197 millones de pesosAdjudicación directa del INE en 2024 a Corporativo ZEG y Cajas Graf para fabricar mamparas y urnas, tras declararse desierta una licitación previa2024 · Excélsior
Más de 60 millones de pesosContratos previos de las mismas empresas en Sonora y Chihuahua, antes de su incorporación al padrón nacional de proveedores del INEExcélsior
3 años y 6 mesesTiempo que Taddei estuvo al frente del INE, periodo menor a los 6 años de su encargo original, lo que obliga constitucionalmente a elegir un sustituto
La tesis del artículo

Que al menos 395 millones de pesos en contratos del INE fueron a parar a empresas con vínculos personales o antecedentes de investigación previa es un hecho documentado por auditorías y reportajes con cifras específicas. Que esos contratos por sí solos prueben un delito de Taddei es una conclusión que todavía no sostiene la evidencia pública disponible —la ASF apenas abrió su investigación de oficio—, pero la combinación de una renuncia que no aborda directamente las acusaciones, con una sucesión que ya genera disputas sobre quién la presidirá, deja a la institución electoral del país entrando a la recta final hacia 2027 sin que el caso central —quién decidió adjudicar esos contratos y por qué— esté resuelto.

El lunes 26 de octubre, a las 14:33 horas, la carta de renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral llegó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Dos páginas, sin admitir ni negar directamente ninguna de las acusaciones específicas que la rodeaban, apelando a "convicción" y a "más de tres décadas de servicio a la democracia". La renuncia llegó después de una semana en la que Latinus, Reforma y El Universal publicaron, por separado, investigaciones sobre adjudicaciones irregulares de contratos, presunta colusión y triangulación de recursos públicos del INE hacia un grupo reducido de proveedores —uno de ellos, según los reportajes, con una relación personal cercana con la propia Taddei.

El contratista con acceso directo

El nombre que más se repite en la cobertura es José Alfredo Hernández, descrito como un contratista ampliamente favorecido por el INE durante la gestión de Taddei. Según cifras de Excélsior, las empresas de Hernández recibieron 198 millones de pesos del instituto solo en 2024. Latinus documentó, además, videos que muestran una relación personal cercana entre Taddei y Hernández, y señaló que el proveedor habría financiado viajes, lujos y festejos —incluyendo un viaje a París del hijo de Taddei, Jorge Piñeda Taddei—. Ninguno de estos señalamientos, hasta donde documenta la cobertura disponible, ha sido confirmado por una autoridad judicial o de fiscalización; son, por ahora, acusaciones periodísticas con evidencia audiovisual, no una sentencia.

La adjudicación que saltó el proceso de licitación

El segundo bloque de contratos cuestionados tiene nombre y cifra más precisos: en 2024, el INE adjudicó de forma directa 197 millones de pesos a Corporativo ZEG y Cajas Graf para fabricar mamparas y urnas electorales, después de que una licitación previa para el mismo insumo se declarara desierta. Ambas empresas, según Reforma, se incorporaron al padrón de proveedores del INE pocas semanas después de un cambio en la presidencia del Consejo General —y llegaron con antecedentes previos: investigaciones abiertas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, desde 2024, una indagatoria de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas. Antes de este contrato nacional, las mismas firmas ya habían operado con más de 60 millones de pesos en contratos estatales en Sonora y Chihuahua. Exfuncionarios cercanos a la presidencia del INE aparecen, según la misma investigación, como representantes legales de estas empresas.

Lo que la Auditoría Superior de la Federación ya confirmó, y lo que todavía no

La ASF abrió una investigación de oficio el viernes previo a la renuncia, con un alcance que no se limita al INE central: incluye también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de los estados. Según la propia Auditoría, existen indicios de acuerdos indebidos entre proveedores y posibles triangulaciones de recursos públicos. Es importante ser precisos sobre lo que esto significa en la práctica: una investigación de oficio abierta es el inicio de un proceso de fiscalización, no una conclusión sobre responsabilidades. El diputado Ricardo Monreal, de Morena, lo dijo con esa misma cautela al reaccionar a la renuncia: coincidió en que fue una decisión acertada, pero advirtió que no exime a Taddei ni a sus colaboradores de posibles responsabilidades administrativas o penales, que dependerán de lo que determinen la ASF y la Fiscalía General de la República.

Una sucesión que ya genera su propia disputa

Como el periodo de Taddei al frente del INE duró tres años y seis meses —menos que los seis años de su encargo original—, la Constitución obliga a elegir un sustituto que termine el periodo, no a esperar hasta la siguiente renovación ordinaria. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por Monreal, ya activó el proceso de selección. Aquí la cobertura disponible no es unánime: una nota de Expansión menciona a Arturo Chávez —identificado como cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo respaldó públicamente cuando buscaba ser consejero electoral— como posible interino, mientras que un titular de El País del mismo día habla de Blanca Cruz como la funcionaria que "se perfila" para la presidencia provisional. No encontramos, al cierre de esta nota, una fuente que resuelva esa discrepancia con certeza, lo cual es, en sí mismo, una señal de que el proceso de sucesión todavía está en una fase temprana y disputada.

El propio politólogo Javier Martín Reyes resumió el riesgo central de este proceso con una frase que vale la pena citar textual: "un árbitro que no es creíble no es un buen árbitro". El consejero electoral Arturo Castillo, por su parte, sostuvo que el INE sigue organizando con normalidad la elección de 2027 y que el proceso seguirá siendo confiable —una afirmación que, como todas las declaraciones institucionales en este episodio, solo el tiempo y el resultado real de la próxima elección podrán confirmar o desmentir.

Lo que esta historia todavía no resuelve

Ninguna fuente consultada hasta el cierre de esta nota cuantifica el monto total de los contratos que la ASF está revisando, más allá de los casos específicos ya documentados por periodistas. Tampoco hay, todavía, una explicación institucional específica —más allá de la carta de renuncia— sobre por qué dos empresas con investigaciones previas de la UIF y la Cofece pudieron ingresar al padrón de proveedores del INE y ganar una adjudicación directa de 197 millones de pesos. Esa es la pregunta que la renuncia de Taddei no respondió, y que tampoco va a responder por sí sola la elección de quien la suceda.

Fuentes

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