Texas declara suyas 9 islas del Río Bravo: la disputa que pone a prueba el tratado fronterizo de 1970
La Comisión General de Tierras de Texas (GLO) declaró el jueves que nueve islas del Río Bravo —66 acres en total— son propiedad del estado, con el argumento de impedir que el narcotráfico las use para cruzar droga y personas. La medida revive una disputa que ya enfrentó a Texas con el gobierno federal de Estados Unidos en 2023, por la isla Frontón, y que pone en tensión directa al Tratado de Límites y Aguas de 1970 firmado con México.
La tesis del artículoQue Texas invoque al narcotráfico para reclamar soberanía sobre islas fluviales es un hecho documentado; que esa facultad le corresponda a un estado y no al gobierno federal, que firma y administra tratados internacionales, es una cuestión no resuelta —el propio gobierno federal de EU disputó un reclamo casi idéntico de Texas sobre la isla Frontón en 2023—. La pregunta de fondo no es si México objeta, sino si Texas tiene autoridad legal para decidir algo que el Tratado de 1970 reserva a una comisión binacional.
La Comisión General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) anunció el jueves 30 de octubre que nueve islas a lo largo del Río Bravo —con una superficie combinada de 66 acres— son propiedad del estado. La comisionada Dawn Buckingham presentó la medida como una herramienta de seguridad pública: impedir que el narcotráfico use esas islas como puntos de tránsito para el cruce de droga y personas. Pero la historia reciente de este tipo de declaraciones sugiere que el debate que realmente importa aquí no es sobre narcotráfico, sino sobre quién tiene la autoridad legal para decidir la soberanía de territorio en un río que es, por tratado, una frontera internacional.
Qué declaró Texas, y por qué
Según el comunicado de la GLO, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) solicitó a la comisión que investigara 28 islas del Río Bravo que se presumían "sin dueño aparente". La GLO evaluó 20 de ellas y concluyó que nueve —identificadas como Nixon, Tex Mex 2, La Bota, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary y el par Miller/Miller Id 2— cumplían los criterios para ser declaradas propiedad del estado, con base en mapas históricos, levantamientos topográficos y fotografías aéreas. Buckingham dijo que notificará a las agencias de seguridad del estado para que puedan patrullarlas e inspeccionarlas, y que las otras once islas restantes siguen bajo investigación porque Texas quiere estar "100% segura" antes de anunciar cualquier reclamo adicional. En una publicación en X, escribió: "¡Texas se está haciendo más grande!".
Ninguna fuente consultada —ni la propia GLO, ni la cobertura de medios mexicanos como El Universal— documenta que Texas haya citado actividad criminal confirmada en estas nueve islas específicas; la justificación es preventiva, no una respuesta a un incidente verificado.
El precedente que Texas no menciona: la isla Frontón
Esta no es la primera vez que la GLO declara de su propiedad una isla del Río Bravo invocando seguridad fronteriza. En 2023, bajo el mismo argumento —combatir actividad de cárteles como parte de la Operación Lone Star—, Texas declaró suya la isla Frontón, de 170 acres, cerca de la ciudad de Roma, en el condado de Starr. La comisionada Buckingham dijo entonces que Texas "no tiene intención de renunciar" a ese reclamo, y el gobernador Greg Abbott afirmó públicamente que el estado no cumpliría una exigencia federal de restaurar la isla a su condición previa.
El dato clave es quién disputó ese reclamo: no fue el gobierno de México, sino la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC, la contraparte de la CILA mexicana), que sostuvo que la isla Frontón es propiedad federal bajo su jurisdicción, y que cualquier construcción o alteración ahí podría desviar el curso del río hacia territorio mexicano, en violación del Tratado de Límites y Aguas de 1970. La IBWC llegó a afirmar que no podía confirmar cuándo ni cómo Texas adquirió formalmente la isla. Reportes posteriores de 2026 —sin segunda fuente que los confirme con certeza— sugieren que autoridades federales tomaron control físico de la isla en algún momento de este año, lo que indicaría que la disputa de 2023 nunca se resolvió a favor de Texas de forma definitiva.
Lo que el Tratado de 1970 dice, y por qué importa aquí
El Tratado de Límites y Aguas de 1970 entre México y Estados Unidos existe precisamente para resolver este tipo de ambigüedad: fija el límite internacional en el centro del canal del Río Bravo y establece reglas específicas sobre qué pasa con la soberanía de las islas cuando el río cambia de curso por erosión o sedimentación —un fenómeno constante en un río que no sigue un trazo fijo—. Su Artículo II resuelve de forma expresa las incertidumbres sobre la soberanía de islas que existían antes del tratado, y como parte de ese acuerdo, México recibió un número y una superficie de islas mayor que Estados Unidos bajo la nueva línea divisoria. La administración de ese límite —incluyendo la determinación de a quién pertenece una isla específica cuando hay duda— corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC), un organismo binacional, no a una agencia de tierras de un solo estado.
Esa es la tensión jurídica real detrás del anuncio de esta semana: si el precedente de la isla Frontón es guía, la pregunta que debe resolverse no es si México tiene objeciones de soberanía —aunque es previsible que las tenga, dado que la CILA mexicana ya objetó formalmente otras acciones unilaterales de Texas en el río, como la barrera de boyas de 2023—, sino si el propio gobierno federal de Estados Unidos, a través de la IBWC, vuelve a disputarle a Texas la autoridad para declarar estas nueve islas sin pasar por el proceso binacional que el tratado establece. No localizamos, al momento de esta nota, una declaración oficial fechada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre este anuncio específico del 30 de octubre; de existir una reacción formal, seguiría el patrón de 2023, cuando la Cancillería mexicana calificó de violatoria del tratado de aguas la instalación de la barrera de boyas de Texas en el mismo tramo del río.
Por qué esto no es solo un episodio más de la retórica fronteriza de Texas
Es fácil leer este anuncio como una variación más de la política de alto perfil que Texas ha sostenido en la frontera desde el inicio de la Operación Lone Star —boyas, alambre de púas, ahora islas—. Pero el patrón de la isla Frontón muestra que estas declaraciones no son solo retórica política: generan disputas legales reales entre niveles de gobierno que pueden tardar años en resolverse, y que dejan sin resolver, mientras tanto, la pregunta de quién administra de facto ese territorio. Si las nueve islas anunciadas esta semana siguen el mismo camino que Frontón, lo más probable no es un conflicto diplomático inmediato con México, sino un conflicto de jurisdicción primero dentro de Estados Unidos, entre Texas y su propio gobierno federal, sobre quién tiene la última palabra en un tratado que ninguno de los dos firmó por sí solo.
Fuentes
- Texas declara suyas 9 islas a lo largo del Río Bravo, en disputa con México: busca evitar que cárteles las usen para traficar drogas — El Universal
- Border brawl near Roma: feds seize Fronton Island in Rio Grande — Hoodline
- Texas claims border islands used by Mexican cartels, asks Trump admin to secure, defend — Fox News
- Texas officials fighting to keep control of Fronton Island — NewsNation
- SRE acusa a Texas de violar tratado de aguas por colocar muro fronterizo con boyas en Río Bravo — Zeta Tijuana
- El tratado de 1970 entre EU y México que podría ponerle trabas al muro de Donald Trump — Grupo Animal / BBC