Samuel García dice que no tiene nada que esconder. La ASF documentó transferencias que tardaron minutos en llegar al despacho de su familia
El gobernador de Nuevo León respondió este lunes a la denuncia penal de la ASF asegurando que cuatro autoridades ya determinaron que no hubo ilegalidad, sin especificar documentos ni fechas. La propia ASF, mientras tanto, documentó cuatro rutas de transferencia —una de ellas completada en menos de dos horas, otra en apenas diez minutos— que habrían canalizado 928.13 millones de pesos hacia el despacho jurídico de su familia.
La tesis del artículoQue Samuel García haya exhibido documentos de cuatro autoridades distintas es un hecho verificable, aunque sin fechas ni alcance confirmados en la cobertura disponible; que esos documentos resuelvan por qué el dinero de contratos estatales llegó al despacho de su familia en minutos, vía intermediarios, es algo que su respuesta no aborda: negar la ilegalidad en general no es lo mismo que explicar la mecánica específica que la ASF documentó.
Samuel García subió este lunes un video a redes sociales en el que asegura no tener "nada que esconder" y se declara dispuesto a enfrentar cualquier investigación en su contra. Lo hizo dos días después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentara ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal que documenta, con un nivel de detalle que las denuncias anteriores sobre el mismo patrón no habían alcanzado, cuatro rutas específicas de transferencia de dinero público hacia el despacho jurídico de su familia.
Lo que dijo el gobernador
En su mensaje, García calificó los señalamientos de "portadas refritas" —titulares reciclados que, según él, ya habían sido investigados y resueltos por las autoridades competentes—. Exhibió documentos que atribuyó al gobierno federal, al gobierno del estado de Puebla, a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los cuatro, según su versión, habiendo determinado que "no existe ninguna ilegalidad y ninguna triangulación". Ninguna cobertura disponible hasta el cierre de esta nota precisa las fechas de esos documentos, el alcance exacto de lo que revisaron, ni si cubren específicamente las operaciones que la ASF denunció el 16 de octubre.
Es una respuesta que, en su forma, repite un patrón que esta publicación ya documentó en ocasiones anteriores: frente a señalamientos de triangulación, el gobernador ha respondido consistentemente con una negación general —"mi gobierno es incorruptible", "es un refrito", "no existe ninguna ilegalidad"— respaldada por referencias a revisiones previas de autoridades, sin entrar en el detalle específico de cada nuevo hallazgo.
Lo que la ASF documentó, con un nivel de detalle distinto
La diferencia esta vez es que la ASF no describió la triangulación en términos generales, sino que trazó cuatro rutas de transferencia concretas, cada una con empresas, montos y tiempos específicos. En una de ellas, Suministro MYR —un proveedor de alimentos del gobierno estatal— envió fondos a Firma Jurídica y Fiscal en un lapso de aproximadamente dos horas. En otra, TXAT Latam recibió 20.6 millones de pesos del gobierno estatal en octubre de 2023 y, al día siguiente, envió poco más de 2 millones de pesos a una empresa llamada Ferro & Méndez, que a su vez los hizo llegar al despacho. Una tercera ruta de la misma empresa distribuyó 5.8 millones de pesos entre cinco compañías, con Operadora de Licencias y Franquicias recibiendo la mayor parte y enviando 2.9 millones a Ferro & Méndez el mismo día. La cuarta involucra a PILSA (Proyectos de Infraestructura de la Laguna), una contratista de obra carretera que recibió 38.6 millones de pesos del estado en julio de 2023 y envió 7,429,104 pesos a un socio, quien lo transfirió a otra empresa del mismo grupo; diez minutos después, ese dinero llegó al despacho.
Las cuatro rutas, en conjunto, habrían canalizado 928.13 millones de pesos hacia Firma Jurídica y Fiscal —una fracción específica, con mecánica documentada, dentro de la triangulación total de 7,212 millones de pesos que esta publicación cubrió la semana pasada.
Por qué la velocidad de las transferencias es, en sí misma, un dato relevante
Que una empresa proveedora del gobierno le pague a un despacho de abogados por servicios legítimos no es, por sí mismo, irregular —los despachos fiscales y legales existen precisamente para prestar ese tipo de servicios a empresas con contratos gubernamentales—. Lo que hace que esta mecánica específica merezca escrutinio no es la existencia del pago, sino su velocidad y su ruta: dinero que llega de un contrato estatal y, en cuestión de minutos u horas, atraviesa una o dos empresas intermediarias antes de aterrizar en el despacho familiar, es un patrón de movimiento más consistente con una transferencia diseñada para ocultar el origen de los fondos que con el ciclo normal de facturación y pago de honorarios profesionales, que típicamente toma semanas, no minutos.
Ninguna fuente pública disponible afirma todavía que estas transferencias específicas constituyan, de forma probada, lavado de dinero —esa determinación le corresponde a la FGR, a partir de la denuncia de la ASF—. Pero la velocidad documentada es, en sí misma, un dato que una negación genérica no resuelve: si las cuatro autoridades que García cita efectivamente revisaron estas rutas específicas, con estos montos y estos tiempos, sería razonable esperar que esa revisión se haga pública con el mismo nivel de detalle que la ASF usó para documentar el problema.
El patrón que se repite, ahora con nombres y minutos
Esta publicación ha seguido, a lo largo de las últimas semanas, una acumulación de señalamientos contra la administración de Samuel García que pasó de lo general —denuncias de Morena citando montos agregados— a lo específico: primero el nombre de una empresa (TXAT Latam) y un tipo de contrato (equipo de seguridad pública), y ahora cuatro rutas de transferencia completas, con empresas intermediarias, montos exactos y tiempos de ejecución. Cada nivel de detalle adicional reduce el espacio para que una respuesta genérica —"ya me investigaron y no hay ilegalidad"— funcione como refutación completa, porque cada nueva denuncia especifica más exactamente qué es lo que esa respuesta tendría que explicar.
Lo que sigue sin resolverse
La pregunta que queda abierta, con la evidencia disponible hoy, no es si Samuel García fue investigado antes —probablemente sí, en algún grado, por alguna de las cuatro instancias que cita—, sino si esas investigaciones previas cubrieron específicamente estas cuatro rutas de transferencia con los montos y tiempos que la ASF documentó esta semana. Mientras esa correspondencia no se haga pública con fechas y alcance verificables, la respuesta del gobernador sigue siendo una afirmación de autoridad frente a un expediente cada vez más específico, no una explicación punto por punto de sus hallazgos.
Fuentes
- Samuel García dice estar abierto a investigaciones de la ASF por presunta triangulación de recursos — Proyecto Puente
- ASF señala transferencias de Nuevo León a empresas vinculadas con despacho de Samuel García — Serpientes y Escaleras
- Samuel García informa que está abierto a investigaciones de la ASF por presunta triangulación de recursos — La Jornada San Luis
- Auditoría Superior de la Federación le imputó a Samuel García desvíos de al menos 728.13 millones de pesos con triangulaciones de recursos y simulación de operaciones — El Imparcial
- La ASF denuncia penalmente al gobierno de Nuevo León por una triangulación de 7,200 millones de pesos — jgonzalez.app
- Fondos para chalecos antibalas y radios en Nuevo León habrían terminado en el despacho de la familia de Samuel García — jgonzalez.app