La ASF denuncia penalmente al gobierno de Nuevo León por una triangulación de 7,200 millones de pesos
La Auditoría Superior de la Federación presentó el 16 de octubre una denuncia penal —registrada como la 1231, dentro de la auditoría 1492 de la Cuenta Pública 2025— contra el gobierno de Nuevo León, por un presunto esquema de triangulación de recursos públicos hacia constructoras, prestadoras de servicios, comercializadoras de alimentos y un despacho jurídico ligados a familiares de funcionarios. Es ya el cuarto señalamiento de este tipo contra la administración de Samuel García en 2026.
La tesis del artículoQue la ASF —un órgano técnico, no un partido político— haya encontrado un esquema de triangulación lo suficientemente sólido como para presentar una denuncia penal formal, y no solo una observación administrativa, es un hecho documentado que distingue este caso de los tres señalamientos previos de Morena y el PAN en 2026, todos políticamente motivados. Que ese esquema demuestre responsabilidad penal de funcionarios específicos es algo que, por ahora, solo la FGR puede determinar: la denuncia abre la investigación, no la concluye.
El 16 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra el gobierno de Nuevo León, registrada con el número 1231 dentro de la auditoría 1492 correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2025. Según reportes coincidentes de N+, El Norte, La Jornada, Telediario y Eje Central —todos publicados el mismo día, 31 de octubre—, la denuncia señala un presunto esquema de triangulación de recursos públicos por 7,212 millones de pesos, dirigidos hacia empresas constructoras, prestadoras de servicios, comercializadoras de alimentos y un despacho jurídico, todos presuntamente ligados a familiares de funcionarios públicos del estado.
Qué encontró la ASF, según su propio auditor
El auditor Aureliano Hernández, citado por Uno TV, explicó que la revisión de la Cuenta Pública 2025 permitió identificar "posibles esquemas de triangulación y simulación de operaciones financieras" que involucran a empresas proveedoras del gobierno estatal. Es un dato relevante que el propio auditor, según esa misma cobertura, evitó mencionar nombres específicos de posibles responsables al presentar los hallazgos —la ASF pide que sea la FGR quien investigue los movimientos financieros, determine si existieron operaciones ilícitas y deslinde responsabilidades penales concretas, no que la fiscalización administrativa llegue a esa conclusión por sí misma.
Las cifras exactas varían ligeramente entre fuentes: mientras la mayoría de medios reporta $7,212 millones o la cifra redondeada de "7 mil 200 millones", un reporte distingue un subconjunto de $928.13 millones dentro del esquema general, y otro menciona una transferencia específica de $5,851 millones hacia una empresa constructora —esta última cifra, sin una segunda fuente que la confirme, se trata aquí como no verificada.
Por qué este señalamiento es distinto a los tres anteriores de 2026
Este no es el primer señalamiento de triangulación de recursos contra la administración de Samuel García este año —es, cuando menos, el cuarto. En mayo, Morena presentó una denuncia ante la FGR acusando al gobernador y a Mariana Rodríguez de un esquema que habría desviado más de mil millones de pesos hacia un despacho ligado a la familia del gobernador. En junio, una comisión del Congreso de Nuevo León activó un proceso de juicio político sobre el mismo patrón. En septiembre, Morena presentó una segunda denuncia, esta vez ante la fiscalía anticorrupción estatal, por un presunto desvío de 1,400 millones de pesos. El PAN, por su parte, ya había denunciado en 2024 una triangulación entre el DIF estatal, proveedores y el despacho del padre del gobernador —el mismo despacho, GMA Firma Jurídica Fiscal, que esta publicación documentó en septiembre de este año como receptor de un pago de $15 millones de una empresa hoy vinculada a la red de huachicol fiscal "Los Petrofactureros".
La diferencia de esta denuncia frente a las tres anteriores no es el patrón —es idéntico— sino el remitente. Morena y el PAN son actores políticos con interés directo en debilitar a Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador, de cara a 2027. La ASF es, formalmente, un órgano técnico del Poder Legislativo federal sin facultad para fincar responsabilidad penal por sí mismo —solo puede fiscalizar y, cuando encuentra evidencia suficiente, denunciar ante la autoridad competente—, lo que le da un estándar de evidencia distinto al de una acusación partidista: una auditoría formal con número de expediente, no una denuncia basada en reportajes periodísticos o filtraciones.
Lo que esto no prueba, todavía
Es importante no saltar a una conclusión que la evidencia disponible no sostiene: una denuncia penal de la ASF abre una investigación en la FGR, no es una determinación de culpabilidad. El propio gobernador ha respondido en ocasiones anteriores —ante señalamientos de magnitud similar en agosto de este año— que el gobierno federal, el SAT, el gobierno de Puebla, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y la Fiscalía de Nuevo León ya habían determinado que "no existe ninguna ilegalidad", y que la propia ASF revisó los pagos del ejercicio 2022 sin emitir observaciones en ese momento. No localizamos, al cierre de esta nota, una respuesta específica del gobierno de Nuevo León a esta denuncia del 16 de octubre; de aparecer una, seguiría previsiblemente el mismo patrón de respuesta que el gobernador ha usado en episodios anteriores: calificar el señalamiento de "refrito" o "show político".
El patrón que ya no se puede ignorar, incluso sin una sentencia
Lo que sí es posible afirmar con la evidencia documentada hasta ahora es que la administración de Samuel García acumula, en un mismo año calendario, señalamientos de triangulación de recursos públicos provenientes de cuatro fuentes institucionalmente distintas —dos denuncias de Morena, un proceso legislativo del Congreso estatal, y ahora una denuncia penal de un órgano técnico de fiscalización federal— y todos apuntan al mismo mecanismo: pagos de proveedores estatales que terminan, por alguna ruta, en empresas o despachos vinculados a familiares de funcionarios. La pregunta que ya excede el caso individual de esta denuncia es la misma que se planteó en esta publicación en septiembre sobre el despacho GMA: en qué punto deja de ser razonable tratar cada nuevo señalamiento como un hecho aislado, y empieza a ser razonable tratarlo como evidencia de un patrón estructural de gobernanza que amerita una respuesta institucional más allá del archivo de cada denuncia por separado.
Fuentes
- ASF Denuncia al Gobierno de Nuevo León por Presunta Triangulación de 7 Mil 212 MDP — N+
- Samuel García, gobernador de Nuevo León, desvió 7 mil 200 mdp, denuncia la ASF — La Jornada
- Detecta ASF presunta triangulación de recursos públicos en Nuevo León — Uno TV
- Detecta ASF desvíos de recursos en NL — El Norte
- ASF presenta 40 denuncias penales y revela investigaciones sobre operaciones millonarias relacionadas con el INE, Nuevo León, Sinaloa y la UNAM — Central Municipal
- "No existe ninguna ilegalidad": Samuel García responde a señalamientos — SDP Noticias
- La FGR investiga por lavado a una empresa que pagó $15 millones al despacho fiscal del padre del gobernador de Nuevo León — jgonzalez.app