Fondos para chalecos antibalas y radios en Nuevo León habrían terminado en el despacho de la familia de Samuel García

Grupo REFORMA documentó este fin de semana una ruta de pagos específica dentro del esquema de triangulación de recursos públicos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República el pasado 16 de octubre: TXAT Latam, empresa que recibió al menos 440 millones de pesos en contratos del gobierno de Nuevo León para chalecos antibalas, radios portátiles y uniformes para internos de penales, envió al menos 60.4 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal —el despacho ligado al gobernador Samuel García y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro— a través de empresas identificadas como factureras y una consultora legal intermediaria.

Lo que REFORMA rastreó, y lo que todavía no prueba

Es importante ser precisos sobre qué establece esta reconstrucción y qué no. Lo que el reporte de REFORMA documenta es una ruta de pagos verificable: dinero que salió de contratos estatales de seguridad hacia TXAT Latam, y de ahí, a través de intermediarios, hacia el despacho de la familia del gobernador. Lo que el reporte no afirma —y conviene decirlo con la misma claridad— es que los chalecos antibalas, los radios o los uniformes penitenciarios nunca se entregaran, que se entregaran con sobreprecio deliberado, o que las corporaciones de seguridad del estado se quedaran sin el equipo contratado. La entrega física del material y el desvío de una parte del dinero del contrato son, hasta donde la evidencia disponible permite afirmar, dos preguntas distintas que no necesariamente tienen la misma respuesta.

Cómo se conecta con la denuncia de la ASF del 16 de octubre

Esta publicación documentó el 31 de octubre la denuncia penal que la ASF presentó ante la FGR por una triangulación de 7,212 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2025 de Nuevo León, dirigida hacia constructoras, prestadoras de servicios, comercializadoras de alimentos y un despacho jurídico ligados a familiares de funcionarios. El reporte de REFORMA de este fin de semana aterriza esa cifra general en un caso concreto y verificable: el auditor Aureliano Hernández presentó el 30 de octubre, ante la Cámara de Diputados, hallazgos específicos de triangulación por al menos 728.13 millones de pesos —una fracción del total denunciado—, de la cual los 60.4 millones de pesos de TXAT Latam forman parte documentada, no una cifra adicional. Es, en otras palabras, la primera vez desde la denuncia del 16 de octubre que aparece una ruta de pagos con un nombre de empresa, un monto específico y un tipo de contrato identificable, en lugar de la descripción genérica de "constructoras, prestadoras de servicios y comercializadoras" que acompañó el anuncio original.

Por qué el origen del dinero —seguridad pública— cambia el tono del caso

Nuevo León es un estado donde la seguridad pública ha sido, de forma consistente, uno de los temas de mayor presión política para la administración de Samuel García —el propio gobernador ha hecho de la narrativa de "inteligencia, no abrazos ni balazos" un eje central de su discurso de gobierno—. Que el contrato específico del que se triangularon fondos hacia el despacho familiar sea precisamente uno de equipo para las corporaciones de seguridad y el sistema penitenciario introduce una dimensión distinta a la de un desvío de gasto administrativo genérico: incluso sin evidencia de que el equipo no se entregara, la sola posibilidad de que recursos destinados a chalecos antibalas o uniformes de prisión hayan sido parcialmente desviados hacia un despacho privado vinculado a la familia del gobernador es un dato que compite directamente con esa narrativa oficial de prioridad a la seguridad.

El patrón que ya tiene nombre de empresa, no solo de sector

Esta publicación ha documentado en las últimas semanas una acumulación de señalamientos de triangulación contra la administración de Samuel García que, hasta el fin de semana pasado, compartían un patrón pero no una ruta de pagos específica verificable con nombre propio: las denuncias de Morena de mayo y septiembre, el proceso de juicio político en el Congreso estatal, y la denuncia penal de la ASF del 16 de octubre. El reporte de REFORMA sobre TXAT Latam es, hasta ahora, el primer caso dentro de esa acumulación que tiene nombre de empresa intermediaria, monto específico rastreado y tipo de contrato identificado —un nivel de detalle que los señalamientos anteriores, por su naturaleza más agregada, no habían alcanzado—. Eso no lo convierte automáticamente en prueba de responsabilidad penal de nadie —la ASF misma aclara que, de encontrar evidencia suficiente, remitirá el caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la FGR—, pero sí lo distingue cualitativamente de los señalamientos previos, menos específicos.

La reacción política: una diputada federal que lleva más de un año advirtiendo sobre esto

El diputado federal de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, quien desde octubre de 2025 ha señalado públicamente al gobernador de Nuevo León por presunta facturación falsa y evasión fiscal, retomó este fin de semana el tema para pedir la instalación de una comisión anticorrupción específica y la reactivación del proceso de juicio político en el Congreso de Nuevo León, en el contexto de los hallazgos de la ASF. No localizamos, al cierre de esta nota, una respuesta puntual del gobierno de Nuevo León al reporte específico de REFORMA sobre TXAT Latam; el gobernador ha rechazado en ocasiones anteriores, de forma general, que fondos públicos hayan financiado al despacho de su familia, calificando señalamientos similares de "show político" o "refrito".

Lo que falta confirmar

Dos preguntas quedan abiertas con la evidencia disponible hoy: si las instituciones de seguridad de Nuevo León recibieron efectivamente el equipo contratado a TXAT Latam en la cantidad y calidad pagadas, y si la FGR, a partir de la denuncia de la ASF, determinará responsabilidad penal específica sobre esta ruta de pagos en particular. Ninguna de las dos tiene, por ahora, una respuesta confirmada con fuentes primarias.