La FGR investiga por lavado a una empresa que pagó $15 millones al despacho fiscal del padre del gobernador de Nuevo León

Este lunes 28 de septiembre, múltiples medios nacionales y regionales —El Norte, Mural, El Imparcial, Vanguardia, El Diario de Juárez, entre otros— publicaron la misma historia el mismo día: la Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero a Maquiladora de Lubricantes, una empresa cuyo accionista, Jesús Ricardo Puente Díaz, ya enfrenta proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El dato que convirtió esto en noticia nacional, y no solo en un expediente más de huachicol fiscal, es a quién le pagó esa empresa: $15,059,957 pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal, el despacho fiscal propiedad del padre y el medio hermano del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Quién es el cliente bajo investigación

Jesús Ricardo Puente Díaz fue detenido el 28 de mayo de 2026, durante cateos simultáneos en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, como presunto operador de la red conocida como "Los Petrofactureros". Según la investigación federal, esa red operaba más de 40 empresas que simulaban actividades de logística, energía y transporte para mover combustible fuera de los canales fiscales normales —el esquema conocido informalmente como huachicol fiscal, distinto al robo físico de ducto pero igualmente diseñado para evadir impuestos y aduanas sobre combustible—. En los cateos se aseguraron 42 tractocamiones, 13 camiones de carga y contenedores. Puente Díaz fue vinculado a proceso poco después. Fue en esa misma investigación, hecha pública en junio, donde apareció por primera vez el dato de los pagos de su empresa al despacho de la familia García; la novedad de esta semana es que la FGR formalizó esa línea como una investigación activa por lavado de dinero, no solo como un hallazgo colateral.

El despacho: quién es, y por qué esta no es la primera vez

GMA Firma Jurídica Fiscal es propiedad de Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal —padre y medio hermano del gobernador—, creada en 2017 como una segunda entidad junto a la ya existente Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA), fundada por el padre en 1984. Según una reconstrucción de ingresos fiscales publicada por la revista Proceso, entre ambas firmas facturaron más de 2,400 millones de pesos entre 2016 y 2023, con un crecimiento reportado de más del 500% conforme la carrera política de Samuel García avanzaba del Senado a la gubernatura. Ese mismo reportaje, publicado en 2024 y retomado por Infobae en 2025, ya había documentado un señalamiento distinto pero estructuralmente similar: pagos triangulados a través de una consultora identificada como eje de operaciones de lavado para una facción del cártel de los Beltrán Leyva que operaba en San Pedro Garza García. Es decir, el pago de Maquiladora de Lubricantes no es el primer señalamiento público sobre el mismo conjunto de despachos familiares —es el segundo en menos de dos años, con dos clientes distintos y dos investigaciones distintas, pero con el mismo denominador común.

Lo que el dato prueba, y lo que no prueba

Es importante ser precisos aquí, porque la precisión es exactamente lo que suele perderse en este tipo de historias: que una empresa hoy bajo investigación penal haya sido cliente de un despacho fiscal y le haya pagado por servicios profesionales no demuestra, por sí mismo, que ese despacho participara en el delito por el que se investiga a su cliente. Los despachos fiscales, por definición, tienen clientes que después pueden meterse en problemas legales sin que eso implique complicidad del asesor —cualquier firma contable o legal con suficientes años de operación y suficientes clientes corre estadísticamente ese riesgo—. Lo que el dato sí establece, y esto no requiere ninguna presunción adicional, es un hecho documentado: hubo una relación comercial formal, con un pago específico y verificable, entre una empresa que la FGR vincula hoy a una red de huachicol fiscal y el despacho de la familia del gobernador en funciones. Ese hecho es, en sí mismo, información pública relevante, incluso antes de que cualquier investigación determine si hubo o no participación deliberada del despacho.

Por qué esto no se puede leer solo como "un caso aislado"

El patrón importa más que el caso individual. Si esta fuera la primera vez que el nombre de este despacho aparece junto a una investigación de lavado, el tratamiento periodístico correcto sería cauteloso hasta el punto de casi no ser noticia: una relación comercial no es evidencia de delito. Pero no es la primera vez —es la segunda en menos de veinticuatro meses, con dos clientes de perfiles muy distintos (una red de huachicol fiscal y, según el reportaje de 2024-2025, una triangulación ligada a crimen organizado), lo cual desplaza la pregunta relevante de "¿este pago prueba algo?" a "¿por qué el mismo conjunto de despachos sigue apareciendo como punto de contacto de clientes que terminan bajo investigación penal?". Esa es una pregunta sobre patrones de debida diligencia —o la ausencia de ella— en la selección de clientes de un despacho que, aunque formalmente es un negocio privado de la familia del gobernador, opera bajo un escrutinio público que cualquier despacho fiscal común no tendría.

El conflicto de interés que no depende de que haya delito

Incluso en el escenario más favorable para la familia García —que ninguna de las dos investigaciones termine estableciendo responsabilidad penal del despacho—, queda sin resolver una pregunta distinta y más incómoda: ¿es sano institucionalmente que los negocios privados de la familia directa de un gobernador en funciones sigan operando y aceptando clientes durante su mandato, en un estado donde ese mismo gobierno tiene atribuciones regulatorias y fiscales sobre buena parte de esas mismas industrias? Esa pregunta no depende de que se compruebe un delito específico; depende de qué estándar de separación entre negocio familiar y función pública se considera aceptable en México, un estándar que en la práctica ha sido consistentemente más laxo que en democracias con reglas de blind trust o desinversión obligatoria para funcionarios de alto nivel y sus familiares directos.

Fuentes

Indaga FGR por lavado a cliente de Samuel — El Norte
FGR investiga por lavado de dinero a empresa que pagó 15 millones 59 mil 957 pesos al despacho ligado al padre y medio hermano de Samuel García — El Imparcial
Indaga FGR por lavado a empresario coahuilense, cliente de Samuel García — Vanguardia
FGR detiene en Nuevo León a empresario ligado a "Los Petrofactureros" — El Imparcial
Cae en NL Jesús Puente, operador de "Los Petrofactureros"; red está ligada con tres empresas investigadas por huachicol — El Universal
Los jugosos despachos del gobernador de NL: Las ligas de Samuel tocan a los Beltrán Leyva — Proceso
El despacho de consultoría fiscal del Cártel Beltrán Leyva que estuvo ligado al gobierno de Nuevo León — Infobae