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Once años después, México sigue sin poder traer a Tomás Zerón: lo que revela una extradición sin tratado

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que la extradición de Tomás Zerón desde Israel "avanza con lentitud", casi cinco años después de que México la solicitara formalmente en diciembre de 2021 y once años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La raíz del estancamiento: México e Israel no tienen tratado de extradición.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin rodeos en su conferencia matutina de este martes: la extradición de Tomás Zerón de Lucio desde Israel "avanza con lentitud". No es una declaración menor viniendo de la jefa del Ejecutivo mexicano, ni tampoco una novedad completa —la frase es, en el fondo, la misma que gobiernos mexicanos han repetido durante años sobre el mismo caso—, pero su repetición este martes, con el añadido de que la Fiscalía General de la República cambió personal internamente para intentar acelerar el proceso, confirma algo que las cifras ya sugerían: casi cinco años después de que México pidiera formalmente la extradición de Zerón, en diciembre de 2021, el caso sigue exactamente donde empezó.

Quién es Tomás Zerón y por qué su nombre sigue apareciendo once años después

Zerón dirigió la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR y fue el arquitecto operativo de lo que se conoció como la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa: la versión oficial, presentada en noviembre de 2014, según la cual los 43 normalistas desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Esa versión se derrumbó años después bajo el peso de la evidencia científica y forense que la contradecía, pero lo que la volvió no solo errónea sino criminal, según las investigaciones posteriores, fue cómo se construyó: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó, con evidencia en video, que Zerón estuvo presente en el río San Juan de Cocula en circunstancias que apuntan a la siembra de evidencia para sostener esa narrativa, y la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa lo señala como responsable de torturar a detenidos clave —entre ellos Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo"— para forzar confesiones que encajaran con la versión que su agencia ya había decidido presentar como oficial. Zerón renunció a su cargo en 2016 en medio de esas investigaciones y, desde 2019, se le ubica en Israel.

Por qué una solicitud formal no garantiza nada

El detalle jurídico que explica por qué este caso lleva años sin resolverse es, en realidad, sencillo de enunciar y difícil de resolver: México e Israel no tienen un tratado de extradición vigente. Sin ese instrumento, la petición mexicana —formalizada en diciembre de 2021, con órdenes de aprehensión por tortura y delitos contra la administración de justicia— no activa un mecanismo con plazos ni obligaciones claras para el país receptor. Depende, en cambio, de un principio de reciprocidad internacional y de la voluntad del sistema judicial israelí para procesarla como si existiera un tratado, un camino que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha descrito en comunicados oficiales, pero que en la práctica ha significado cinco años de gestiones diplomáticas sin resolución. Sheinbaum reveló este martes que ella misma envió una carta personal al presidente de Israel pidiendo apoyo para el caso, y que la respuesta fue que el asunto estaba fuera de su ámbito de autoridad —un intercambio que ilustra, mejor que cualquier estadística, la distancia entre la voluntad política expresada públicamente y la capacidad institucional real de moverla.

Las cifras que miden la insistencia, no el resultado

El gobierno mexicano ha insistido en el caso con una persistencia que las cifras hacen tangible: 6,000 cartas enviadas, según cifras que la propia presidenta citó este martes, además del cambio de personal dentro de la FGR anunciado específicamente para acelerar los procesos de extradición pendientes, no solo el de Zerón sino también el de otros casos como el de Julio Roemer. Esa insistencia cuantificada es, en sí misma, la evidencia de que el problema no es falta de voluntad política mexicana —difícil de sostener frente a seis mil intentos documentados de comunicación— sino la ausencia de un mecanismo institucional que convierta esa voluntad en una obligación jurídica para la contraparte. Un tratado de extradición no elimina la posibilidad de que un país se resista a entregar a alguien; pero sí establece un marco de plazos, criterios y consecuencias diplomáticas por incumplimiento que una relación basada en cartas y buena voluntad simplemente no tiene.

Lo que este caso dice sobre otros procesos similares

El estancamiento de Zerón no es un caso aislado dentro del sistema de justicia mexicano en materia de extradiciones internacionales: la misma nota que reportó las declaraciones de Sheinbaum este martes mencionó, de paso, que la FGR trabaja en paralelo para acelerar procesos "tanto desde Estados Unidos como desde Israel", una frase que por sí sola revela que el problema de fondo —la dependencia de la voluntad y capacidad institucional del país receptor, más allá de la solidez del caso mexicano— no es exclusivo de este expediente ni de este país. Cuando existe tratado, como ocurre con Estados Unidos, el proceso tiene un marco jurídico bilateral que, aunque lento, opera bajo reglas conocidas. Cuando no existe, como en el caso de Israel, cada solicitud se convierte en un ejercicio diplomático caso por caso, sujeto a la disposición política del momento y sin ningún mecanismo de exigibilidad si esa disposición simplemente no llega.

La pregunta que once años después sigue sin respuesta

Para los familiares de los 43 normalistas y para el movimiento que ha exigido justicia durante más de una década, la distinción técnica entre "no hay tratado" y "no hay voluntad" probablemente importa menos que el resultado práctico: Zerón sigue libre, fuera del alcance de la justicia mexicana, mientras la Comisión de la Verdad y el GIEI documentaron con evidencia concreta su responsabilidad en la fabricación de una versión oficial construida, según esas mismas investigaciones, sobre tortura y evidencia sembrada. Sheinbaum llamó al caso Ayotzinapa "una herida abierta para todo México" en la misma conferencia donde admitió el estancamiento de la extradición —una frase que reconoce el peso simbólico del caso sin ofrecer, todavía, un mecanismo concreto que resuelva la brecha institucional que lo mantiene sin cerrar. Mientras esa brecha exista, la pregunta de fondo no es solo cuándo regresará Zerón a México, sino qué tan sostenible es, como política de Estado, depender de la buena voluntad diplomática de un tercer país cuando no existe ningún instrumento legal que la convierta en obligación.

Fuentes

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