Geopolitics

El INE de Taddei adjudicó 96% de sus contratos sin licitar. La cifra es escandalosa, pero no es nueva: la gestión anterior ya estaba en 76%

Una revisión periodística de la Plataforma Nacional de Transparencia, publicada simultáneamente este 16 de noviembre por al menos ocho medios distintos, documenta que el INE bajo la gestión de Guadalupe Taddei adjudicó directamente, sin licitación, el 96% de más de 13,300 contratos por 2,829.7 millones de pesos entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Un solo proveedor acumuló 221 convenios.

En una mirada
96%Proporción de los contratos del INE adjudicados sin licitación bajo la gestión de Taddeienero 2025 - septiembre 2026 · Plataforma Nacional de Transparencia / La Jornada
$2,829.7 millonesMonto total de esos contratos adjudicados directamentePlataforma Nacional de Transparencia
221 conveniosContratos acumulados por un solo proveedor, Arzaa Protección y Vigilancia EspecializadaProyecto Puente
76%Proporción de adjudicación directa que ya reportaba un informe del Órgano Interno de Control durante la gestión de Lorenzo CórdovaOIC-INE / Grupo Animal
La tesis del artículo

Que el 96% de los contratos del INE bajo Taddei se adjudicaran sin licitar es un hecho documentado en registros públicos; que esa cifra represente una ruptura con la norma institucional, y no la continuación de un patrón ya instalado, es una lectura que la evidencia disponible no sostiene, porque un informe del propio órgano de control interno del INE ya había ubicado la adjudicación directa en 76% durante buena parte de la gestión anterior de Lorenzo Córdova.

Ocho medios distintos —La Jornada, El Universal, Excélsior, La Razón, El Heraldo, Proyecto Puente, Puente Libre y Cadena Política, entre otros— publicaron este lunes, el mismo día y con la misma cifra central, una revisión de los contratos que el Instituto Nacional Electoral firmó durante la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta. El hallazgo, construido sobre datos de la Plataforma Nacional de Transparencia: de más de 13,300 contratos de servicios, arrendamientos y adquisiciones firmados entre enero de 2025 y septiembre de 2026, el 96% se adjudicó directamente, sin pasar por una licitación pública. El monto total de esas contrataciones sin concurso supera los 2,829.7 millones de pesos.

Quién se quedó con los contratos

Detrás del porcentaje agregado hay nombres concretos, y algunos se repiten con una frecuencia que por sí sola merece atención. Arzaa Protección y Vigilancia Especializada acumuló al menos 221 convenios —entre ellos, vigilancia para una junta distrital en Guanajuato y limpieza para un módulo de atención ciudadana en Silao—, un volumen de contratos con un solo proveedor que normalmente se asociaría con un concurso ganado de forma sistemática, no con adjudicaciones directas repetidas. Jurídicos Integrales FBP recibió al menos 96 contratos por 54.13 millones de pesos, casi todos de vigilancia para oficinas distritales; uno solo, firmado en abril de 2025, cubrió la seguridad de 40 oficinas distritales en el Estado de México por 15.245 millones de pesos. Otros proveedores —Vigilancia y Protección a la Sociedad, Seguridad Privada Guns 8A, Protección y Logística Empresarial VYMSA— suman decenas de millones adicionales, casi siempre en el mismo giro: seguridad y limpieza para oficinas electorales distribuidas por todo el país.

Entre las personas físicas que aparecen en el listado, Ana María Juárez Hernández recibió al menos 49.5 millones de pesos a través de 60 contratos, más dos adicionales bajo una segunda razón social que, según la revisión periodística, comparte el mismo RFC. El reporte la vincula como esposa del empresario Mario Guitian Rosas, señalado en el pasado por presuntas extorsiones que él ha negado públicamente. Cerca de otras diez personas físicas aparecen con contratos multimillonarios de limpieza y seguridad, un patrón de dispersión entre personas físicas que —a diferencia de una empresa con razón social pública— dificulta todavía más el rastreo de quién está detrás de cada contrato.

El contrato de mayor monto individual no fue de seguridad ni de limpieza: lo tiene AMPS para la Integración y Articulación, la empresa que instaló las cámaras de videovigilancia con micrófono en la sala de prensa y en oficinas del propio INE —las mismas cámaras que, según reportes de la semana pasada, fueron retiradas después de que se hicieran públicas.

Por qué 96% no significa lo que parece significar sin contexto

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no prohíbe la adjudicación directa: la reconoce como una excepción legítima a la licitación pública, reservada para supuestos específicos —proveedor único, emergencias, licitaciones previas declaradas desiertas, montos menores— y sujeta a un tope que, según el marco vigente hasta la reforma de 2025, no debía superar 30% del presupuesto autorizado de una dependencia en un ejercicio. Leído contra ese tope, 96% no es una excepción que ocasionalmente se usa: es una inversión completa de la lógica que la ley supone, donde lo excepcional se volvió la norma y la licitación pública, la excepción.

Pero reducir esto a un fallo exclusivo de la gestión de Taddei exige ignorar un dato que ya era público antes de esta revisión: un informe del Órgano Interno de Control del propio INE, citado en reportes de 2023, ubicaba la adjudicación directa en 76% de los contratos durante buena parte de la gestión de Lorenzo Córdova, su antecesor. La diferencia entre 76% y 96% es real —veinte puntos porcentuales, en un presupuesto de miles de millones de pesos, representan cientos de millones adicionales fuera de concurso— pero la similitud entre ambas cifras es, para efectos de diagnóstico institucional, más relevante que la diferencia: ningún consejo presidido por ninguno de los dos consejeros presidentes operó bajo un régimen donde la licitación pública fuera, de hecho, el mecanismo dominante de contratación. La pregunta correcta no es si Taddei rompió con una norma institucional sana; es si esa norma alguna vez existió en la práctica, más allá del texto de la ley.

La auditoría que todavía no llega

Cuando Taddei renunció al INE, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió explícitamente que se auditaran los contratos del instituto de todas las administraciones, incluida la de Córdova —un reconocimiento implícito, viniendo de la propia presidencia, de que el problema no empieza ni termina con un solo nombre. La Cámara de Diputados, según reportes editoriales de principios de noviembre, emprendió un estudio histórico de las adquisiciones del INE que, de completarse con rigor, sería la primera comparación realmente homologada entre gestiones —contrastando no solo porcentajes sueltos citados por medios distintos en momentos distintos, sino la misma metodología aplicada a cada periodo.

Hasta que esa auditoría exista, cualquier comparación entre 96% y 76% —incluida la que hace este mismo texto— descansa sobre cifras que vienen de fuentes distintas, con metodologías no necesariamente idénticas, y sin el contexto de cuántas licitaciones se declararon desiertas en cada periodo, cuál era el techo presupuestal vigente en cada momento, o si la composición del gasto (más seguridad distrital en un sexenio con más violencia electoral, por ejemplo) explica parte de la diferencia. Eso no exonera a ninguna de las dos gestiones: solo significa que la cifra de hoy, por escandalosa que suene aislada, solo adquiere su verdadero peso cuando se mide contra un patrón que lleva más de una década instalado, no contra un estándar de pulcritud que el INE nunca practicó.

El riesgo de que la indignación dure menos que la próxima elección

Mientras la auditoría histórica no exista, el ciclo de esta historia es predecible: un hallazgo periodístico genera indignación por un día o dos, el instituto no emite respuesta pública —ninguno de los reportes de hoy registra una declaración de Taddei ni del INE actual—, y la atención se desplaza hacia el siguiente evento. La comisión del Congreso encargada de nombrar a quien sustituya a Taddei enfrenta ahora, de forma explícita, una presión adicional: activistas y académicos —entre ellos Diego Valadés y José Ramón Cossío— ya advirtieron del riesgo de llegar a la elección de 2027 sin una consejería presidenta nombrada, y la revelación de hoy sobre el manejo de contratos añade una razón más para que ese nombramiento no se decida solo por cálculo político, sino con criterios explícitos de control sobre cómo se gasta el presupuesto del instituto que organiza las elecciones del país.

Fuentes

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