El salario mínimo subió 154% en siete años, pero cada vez más mexicanos trabajan fuera de su alcance
Claudia Sheinbaum presenta este martes su Segundo Informe de Gobierno con el salario mínimo como bandera: un incremento acumulado de 154% desde 2019 que sacó a millones de la pobreza laboral. Pero la política que más éxito ha tenido en elevar el ingreso de quien ya tiene un empleo formal convive con una tasa de informalidad que ronda 55%, la más alta en años.
Este martes 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, y entre los indicadores que la campaña de comunicación oficial ya adelantó como eje central está el salario mínimo: su incremento sostenido desde 2019, la reducción de la pobreza laboral que ese incremento produjo, y la fortaleza del peso frente al dólar. Son cifras reales y verificables, no ficción política. El salario mínimo general pasó de 88.4 a 315 pesos diarios entre 2018 y 2026, un acumulado de 154% en términos nominales que ningún otro periodo presidencial mexicano reciente había alcanzado. Lo que ese discurso rara vez pone junto, sin embargo, es la otra mitad de la fotografía laboral: mientras el salario mínimo subía a ese ritmo, la proporción de mexicanos trabajando fuera del sistema formal —donde ese mismo salario mínimo no aplica ni se fiscaliza— se mantiene alrededor de 55%, uno de los niveles más altos registrados en años recientes.
Una política que funcionó exactamente como se diseñó
Antes de cualquier matiz, vale la pena reconocer lo que el aumento salarial sí logró, porque la evidencia es sólida. Según cifras de Coneval, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza laboral entre 2018 y 2022, de las cuales 4.1 millones lo lograron exclusivamente por mejoras salariales. La reducción fue particularmente pronunciada en el campo, donde la pobreza laboral cayó de 50.7% a 46.6%, y en zonas urbanas, de 30.8% a 28.1%. El propio 2025 se registró como el año con menor pobreza laboral en dos décadas. Para la persona que ya tenía un empleo formal y cobraba cerca del mínimo, el aumento se tradujo, de manera directa y medible, en más poder adquisitivo. No es un logro menor ni discutible: es, probablemente, la política pública con el efecto redistributivo más claro y cuantificable de los últimos siete años en México.
El supuesto que esa historia da por sentado
El problema de esa narrativa no está en lo que dice, sino en lo que asume implícitamente: que la política salarial actúa sobre una base de empleo formal más o menos constante, cuando en realidad esa base se ha ido erosionando en paralelo. La tasa de informalidad laboral, medida por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, se ubicó en 55.0% en julio de 2026, después de rondar niveles similares —54.6% en enero, 54.9% en febrero, 54.8% en marzo y abril, 55.2% en mayo— durante prácticamente todo el año. Es decir: más de la mitad de las personas ocupadas en México trabajan hoy en condiciones donde el salario mínimo, el aguinaldo, el IMSS y cualquier otra protección laboral formal no son exigibles, o simplemente no se cumplen. El aumento salarial mejora la vida de quien está del lado formal de esa línea. No hace nada, por definición, por quien está del otro lado.
Por qué el propio éxito del salario mínimo alimenta esa división
Aquí es donde el argumento se vuelve incómodo para cualquier lectura simplista, en cualquier dirección política. Distintos análisis del mercado laboral mexicano de este año coinciden en una observación específica: la expansión del empleo durante 2026 se ha concentrado desproporcionadamente en ocupaciones informales y de bajos ingresos, mientras el crecimiento de los salarios nominales modifica la distribución del ingreso sin alterar la tendencia central de que la creación de empleo se sigue desplazando hacia formas de trabajo con menos estabilidad y protección social. No es una coincidencia aislada. Un salario mínimo que sube 154% en siete años representa, para cualquier negocio pequeño con márgenes ajustados, un costo laboral que crece mucho más rápido que sus ingresos si no consigue trasladarlo a precios o compensarlo con productividad. Frente a esa presión, una parte de esas empresas —particularmente en sectores con alta rotación y bajo margen, como el comercio al menudeo, los servicios personales o la agricultura— responde reduciendo la formalización de sus contrataciones en lugar de absorber el costo completo. El propio análisis sectorial identifica al campo como el caso más extremo: alta informalidad estructural combinada con una capacidad limitada para absorber el incremento salarial sin ajustar en otra parte.
La geografía que desmiente cualquier lectura nacional única
La variación regional de la informalidad confirma que no existe una sola historia laboral mexicana, sino varias que conviven bajo la misma política salarial. Coahuila (34.2%), Chihuahua y Nuevo León (34.9%) y Baja California (37.6%) registran los niveles más bajos de informalidad del país, todos estados con fuerte integración manufacturera exportadora y salarios de mercado ya por encima del mínimo, donde el aumento decretado tiene un efecto marginal sobre la decisión de formalizar o no una contratación. En el extremo opuesto, Oaxaca (80.1%), Guerrero (75.7%) y Chiapas (74.9%) tienen niveles de informalidad que convierten al salario mínimo decretado en un dato casi anecdótico para la mayoría de sus trabajadores, cuya realidad laboral transcurre completamente fuera del alcance de esa política. El discurso de un incremento salarial "para todos los mexicanos" tiene, en la práctica, geografías donde funciona exactamente como se anuncia y geografías donde apenas roza la experiencia laboral cotidiana de la mayoría.
El otro indicador que Sheinbaum sí va a poder presumir sin matices
No todos los indicadores laborales del informe cargan con esta tensión. La fortaleza del peso frente al dólar —otro de los ejes que la comunicación oficial ya adelantó— es, en cambio, un dato limpio en el sentido de que no arrastra el mismo tipo de contradicción estructural: una moneda fuerte beneficia directamente el poder adquisitivo de cualquier mexicano que consuma bienes importados o viaje al extranjero, sin que existan segmentos de la población sistemáticamente excluidos de ese beneficio como ocurre con el salario mínimo y la informalidad. La diferencia entre ambos indicadores ilustra un patrón más amplio en la comunicación de resultados de gobierno: las variables macroeconómicas agregadas —tipo de cambio, inflación general, PIB— tienden a beneficiar o perjudicar a la población de forma relativamente pareja, mientras que las políticas dirigidas a un segmento específico del mercado laboral, por exitosas que sean dentro de ese segmento, dejan expuesta la pregunta de qué pasa con quienes ese segmento no alcanza.
Lo que las empresas ya están reportando sobre ese costo
La preocupación empresarial sobre el ritmo de los incrementos salariales no es una especulación sin respaldo: distintos análisis del sector privado durante 2026 han sido explícitos en advertir que los aumentos deben acompañarse de políticas de productividad y capacitación para evitar que las empresas trasladen el costo a los consumidores vía precios, o lo absorban reduciendo la contratación formal. Esa advertencia coincide, casi punto por punto, con el mecanismo que documenta la propia tendencia de informalidad: cuando una empresa pequeña no puede elevar su productividad al mismo ritmo que sube el costo laboral decretado, y tampoco puede trasladarlo completo a un precio que el mercado esté dispuesto a pagar, la variable que queda disponible para ajustar es la formalidad del vínculo laboral. Es una decisión racional desde la perspectiva de esa empresa individual, y es exactamente el tipo de decisión agregada que, multiplicada por cientos de miles de negocios pequeños en todo el país, sostiene una tasa de informalidad que no cede pese a que la política salarial año con año la sigue tensionando desde el otro extremo.
Lo que ninguna de las dos narrativas simples resuelve
Sería un error igual de simplista concluir que el aumento salarial "causó" la informalidad, o que debería revertirse para resolverla. La informalidad mexicana es un fenómeno estructural que antecede por décadas a la política salarial actual, alimentado por la baja productividad de segmentos enteros de la economía, la debilidad de la fiscalización laboral en estados con menor capacidad institucional, y una cultura empresarial donde formalizar sigue percibiéndose como un costo administrativo más que como una inversión. El salario mínimo no creó ese problema. Lo que sí hace, de manera medible, es encarecer el costo de cruzar hacia la formalidad para el segmento de empresas que ya operaba en el margen, precisamente el segmento donde más se concentra el empleo informal que se busca reducir.
Lo que el informe de mañana probablemente no va a contener
El Segundo Informe de Gobierno tiene, por diseño institucional y político, la función de presentar resultados, no de auditar sus propios efectos secundarios. Es previsible que la cifra de 154% de incremento salarial y la reducción de la pobreza laboral ocupen un lugar central en el mensaje de mañana, y que la tasa de informalidad de 55% no reciba el mismo tiempo de exposición, si es que se menciona. Eso no convierte al informe en falso: ambas cifras son ciertas, verificables y compatibles entre sí. Simplemente describen dos mitades de la misma economía laboral mexicana, y solo una de ellas cabe cómodamente en el discurso de un logro de gobierno. La pregunta que queda abierta para el resto del sexenio no es si el salario mínimo debe seguir subiendo —la evidencia de reducción de pobreza laboral hace difícil argumentar lo contrario—, sino qué política complementaria, más allá del decreto salarial anual, va a encargarse de que la otra mitad de la fuerza laboral mexicana algún día cruce hacia el lado de la economía donde ese salario mínimo efectivamente le aplica.