Coahuila gastó 270 millones de pesos en Expo Coahuila para estrenarla con el Rodeo Saltillo. Un diputado rival acusa, sin pruebas judiciales todavía, que la familia del gobernador se benefició de inmuebles en EU

El gobierno de Coahuila inauguró el 15 de octubre Expo Coahuila, un recinto construido con una inversión pública que distintas fuentes ubican entre 200 y 270 millones de pesos —la cifra más reciente y específica, de 270 millones, aparece en la cobertura de Crónica del 30 de septiembre y del 15 de octubre—, con capacidad para entre 30,000 y 40,000 personas en su primera etapa. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración junto con el arranque del Rodeo Saltillo 2026, que se realizó del 15 al 18 de octubre y que el propio gobierno coahuilense ha promovido como un proyecto para convertir a Saltillo en referente nacional de turismo y grandes eventos. Es, en los datos disponibles, una inversión pública considerable, documentada y verificable. Lo que no está documentado ni verificado —y que por eso merece tratarse con un estándar de evidencia distinto— es una acusación por completo separada: que familiares del gobernador se habrían beneficiado, desde su etapa como alcalde de Saltillo, de una red de negocios inmobiliarios que acumuló propiedades en Estados Unidos por más de 25 millones de dólares.

La inversión que sí está documentada

Expo Coahuila se construyó sobre los terrenos de la antigua Feria de Saltillo, y su primera etapa debutó específicamente como sede del Rodeo Saltillo 2026, un evento de cuatro días que combinó música regional, actividades ganaderas, gastronomía y competencias de rodeo en la Arena 8 Segundos. El propio gobierno estatal ha hablado de planes para trasladar en el futuro las competencias a un "Gran Foro" dentro del mismo complejo, y de aspiraciones más amplias de convertir el evento en, según palabras atribuidas al gobernador, "el festival de rodeo más grande en la historia de México". Ninguna de las coberturas disponibles detalla, sin embargo, cómo se desglosa ese gasto de 270 millones de pesos entre construcción permanente del recinto, gastos específicos del evento inaugural, o contratos con proveedores particulares —una transparencia que, de existir públicamente, permitiría una evaluación más precisa de si el monto es razonable frente a la derrama económica y turística que el gobierno proyecta para el evento.

La acusación que corre en paralelo, sin confirmación judicial

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, denunció públicamente la existencia de lo que llamó un "cártel inmobiliario" en Saltillo, que según él habría beneficiado a familiares del gobernador Jiménez con distintas empresas —mencionó específicamente una llamada JISA— desde la etapa en que Jiménez fue alcalde de la ciudad, antes de ser gobernador. Mejía afirmó que esa red acumuló propiedades en Estados Unidos por más de 25 millones de dólares, y anunció que su partido impulsaría acciones legislativas para que el caso se investigue a fondo. Hasta donde permite confirmar la cobertura disponible, esta acusación no ha derivado en una investigación judicial formal con resultados públicos, ni en una carpeta de investigación conocida de la Fiscalía General de la República sobre el tema específico.

El contexto que no se puede omitir al evaluar esta acusación

Es relevante señalar que esta denuncia no ocurre en un vacío político neutral: el Partido Acción Nacional presentó, en julio de 2025, su propia denuncia ante la FGR contra Mejía Berdeja, por presuntos nexos con el crimen organizado y presunta corrupción durante su etapa como subsecretario de Seguridad Pública federal. Mejía respondió calificando esa denuncia como políticamente motivada y anunció acciones legales por calumnias contra los panistas que la presentaron. Es decir: la acusación de "cártel inmobiliario" contra la familia del gobernador de Coahuila surge en medio de un enfrentamiento legal cruzado entre Mejía y el PAN —el partido al que pertenece el gobernador Jiménez—, lo cual no prueba ni descarta la veracidad de ninguna de las dos acusaciones, pero sí es un elemento de contexto indispensable para evaluar con qué nivel de escepticismo debe leerse cada una.

Por qué ambas cosas no deberían tratarse con el mismo nivel de certeza

Hay una diferencia categórica entre afirmar que el gobierno de Coahuila invirtió 270 millones de pesos en Expo Coahuila —un hecho respaldado por cifras que aparecen consistentemente en múltiples coberturas periodísticas— y afirmar que familiares del gobernador operan una red inmobiliaria irregular con propiedades millonarias en Estados Unidos, que es, hasta ahora, una denuncia pública hecha por un adversario político sin que ninguna autoridad judicial la haya confirmado ni haya abierto, públicamente, una investigación formal con resultados conocidos. Reportar la segunda afirmación exige, por tanto, un cuidado adicional: citarla como lo que es —una acusación hecha por un rival político en medio de un conflicto legal mutuo—, no como un hecho establecido, por más que la acusación sea pública y haya sido reportada por medios serios.

La pregunta legítima que sí se puede hacer con la información disponible

Independientemente de si la acusación de corrupción familiar resulta cierta, hay una pregunta de escrutinio público perfectamente legítima que no depende de resolver esa acusación: ¿qué tan transparente ha sido el gobierno de Coahuila sobre el desglose específico del gasto de 270 millones de pesos en Expo Coahuila, los procesos de licitación o adjudicación de los contratos de construcción, y los proveedores involucrados en el evento inaugural del Rodeo Saltillo? Esa información —a diferencia de la acusación de corrupción familiar— sí debería estar disponible públicamente en los mecanismos de transparencia del estado, y su ausencia o presencia en la cobertura disponible es, en sí misma, un dato relevante sobre qué tan abierto ha sido este proyecto específico al escrutinio ciudadano, con independencia de cualquier acusación política cruzada.

Lo que falta para que cualquiera de las dos historias se resuelva

La inversión en Expo Coahuila seguirá siendo un hecho documentado mientras el gobierno estatal no publique, o algún medio no obtenga, el desglose específico de ese gasto que permita evaluar su razonabilidad con mayor precisión. La acusación de la red inmobiliaria familiar, por su parte, solo dejará de ser una denuncia política sin resolver el día en que una autoridad judicial —no un adversario político ni el propio gobierno— confirme o descarte los hechos específicos que Mejía Berdeja describió. Hasta que eso ocurra, lo más honesto es reportar ambas cosas exactamente con el nivel de certeza que cada una tiene hoy: una, como gasto público confirmado; la otra, como una acusación política seria pero todavía sin sustento judicial verificado.