El Senado prohibió la doble nacionalidad para la Presidencia y las gubernaturas: la reforma que redibuja quién puede competir en 2028 y 2030

El martes, el Senado aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra una reforma constitucional que, en su esencia, reduce a una sola frase: quien aspire a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tendrá que ser mexicano por nacimiento y no podrá tener ninguna otra nacionalidad. La votación llegó exactamente al mínimo que exige una reforma constitucional —dos terceras partes de los presentes—, con Morena, el Partido del Trabajo y el Verde a favor, y PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en contra. El proyecto todavía necesita el aval de al menos 17 de los 32 congresos estatales para incorporarse formalmente a la Constitución, y el propio texto prevé que las nuevas reglas apliquen a partir del proceso electoral de 2028.

Lo que la reforma cambia, artículo por artículo

La modificación toca tres artículos constitucionales —82, 116 y 122— para establecer que quien ejerza la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quien tenga hoy una segunda nacionalidad y quiera competir por alguno de esos cargos tendrá que renunciar formalmente a ella antes de registrar su candidatura. No es una prohibición nueva en el sentido de que México no tuviera ya criterios de nacionalidad para la Presidencia —el requisito de ser mexicano por nacimiento existe desde hace décadas—, pero sí es la primera vez que se excluye explícitamente la posibilidad de sostener una segunda ciudadanía de forma simultánea mientras se ejerce el cargo, cerrando una ambigüedad que hasta ahora permitía a algunos funcionarios mantener doble nacionalidad sin que eso los inhabilitara formalmente.

La justificación oficial: soberanía, con ejemplos extranjeros

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma citando casos recientes de mandatarios latinoamericanos con doble nacionalidad —mencionó específicamente a Daniel Noboa en Ecuador y a Abelardo de la Espriella en Colombia, ambos con ciudadanía estadounidense además de la propia— como ejemplos de la clase de escenario que la reforma busca evitar en México. El argumento de fondo, repetido por legisladores de Morena durante el debate, es que quien encabeza un Poder Ejecutivo no debería estar sujeto, ni siquiera en teoría, a las obligaciones legales o fiscales que otro país pudiera exigirle como ciudadano suyo —una condición que, sostienen, compromete la soberanía de las decisiones que esa persona toma al frente del gobierno. Es un argumento con lógica interna coherente, y no exclusivo de México: distintos países han impuesto restricciones similares a cargos ejecutivos por razones comparables.

Lo que la oposición señala: derechos políticos de la comunidad migrante

La objeción central del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano no discute la lógica de soberanía en abstracto, sino su aplicación concreta: argumentan que un mexicano con doble nacionalidad no deja de ser mexicano, y que la reforma representa un retroceso en derechos políticos que la comunidad migrante —millones de personas de origen mexicano que adquirieron otra ciudadanía sin renunciar a la suya— ha ido consolidando durante las últimas décadas. Esa comunidad, numéricamente enorme dada la magnitud de la migración mexicana hacia Estados Unidos en particular, incluye a hijos de migrantes que nacieron mexicanos, se naturalizaron en el país donde crecieron, y hoy tendrían que elegir formalmente entre ambas identidades legales si algún día quisieran competir por uno de los cargos que esta reforma regula.

Quiénes quedan efectivamente afectados

Más allá del debate de principios, la reforma tiene una lista concreta de nombres que la prensa mexicana empezó a discutir desde antes de la votación final: políticos como Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Bonilla, Javier Corral y Ernesto Ruffo aparecen mencionados en los análisis recientes sobre antecedentes de doble nacionalidad que cobrarían relevancia bajo las nuevas reglas. No es casualidad que varios de esos nombres pertenezcan a la oposición o a corrientes críticas del gobierno actual —una coincidencia que alimenta la lectura, extendida entre legisladores opositores, de que la reforma no es solo una cuestión de principio abstracto sino una herramienta que, en la práctica, estrecha el universo de aspirantes elegibles justo antes de que arranque la competencia por la sucesión presidencial de 2030 y por varias gubernaturas intermedias.

Un antecedente que la propia 4T puede citar sin incomodidad

Vale la pena notar que la discusión sobre nacionalidad y elegibilidad para la Presidencia no es nueva en la política mexicana: la Constitución de 1917 ya preveía, como requisito, que el presidente fuera mexicano de al menos segunda generación, precisamente para evitar presiones de parientes o grupos de interés extranjeros sobre quien ocupara el cargo. Incluso hay un antecedente curioso del lado opositor: fue el entonces diputado panista Vicente Fox Quesada quien, en diciembre de 1990, presentó una iniciativa de reforma sobre este mismo tema —pese a que su propio padre había nacido en Estados Unidos y su abuelo en Irlanda—, lo que sitúa el debate sobre nacionalidad y elegibilidad presidencial como una discusión recurrente en la política mexicana, no como una invención reciente de ningún partido en particular.

Lo que todavía falta para que esto sea ley

La aprobación del Senado no cierra el proceso: la reforma necesita el voto de al menos 17 de los 32 congresos estatales para incorporarse formalmente a la Constitución, un umbral que, dado que Morena y sus aliados controlan la mayoría de las legislaturas locales, se perfila como un trámite más rápido que incierto. Si se completa a tiempo, la regla entraría en vigor antes del proceso electoral de 2028, lo que le da a cualquier político con doble nacionalidad y aspiraciones ejecutivas una ventana concreta —aunque cada vez más corta— para decidir si renuncia formalmente a su segunda ciudadanía o si esa opción queda descartada de antemano para él o ella en la contienda de 2028 y, más relevante todavía, en la sucesión presidencial de 2030.