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Geopolitics

Qué es el huachicol fiscal: la guía completa de cómo funciona, quién está involucrado y qué está pasando ahora

No es robo de ducto: es combustible de contrabando declarado en la aduana como si fuera otra cosa. El huachicol fiscal le ha costado a México más de 170,000 millones de pesos, ha llegado hasta la cúpula de la Marina, y sigue operando incluso después del golpe más grande contra la red en 2025.

Jesús Mario González Siller29 de septiembre de 20269 min de lectura
#huachicol fiscal#contrabando de combustible#Marina#Los Primos#aduanas#IEPS#corrupción#Pemex

Un buque de nombre Challenge Procyon atracó en el puerto de Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, con aproximadamente 8 millones de litros de hidrocarburo a bordo. En el papeleo aduanal, esa carga no era diésel: era "aceite lubricante" y "aditivos", una categoría de mercancía que no paga el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que sí pagan la gasolina y el diésel. Ese buque fue apenas el primero de al menos 31 que, según la Fiscalía General de la República (FGR), entraron con el mismo esquema a los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025 — una operación que terminaría por señalar directamente a la cúpula de la Marina mexicana y que, dieciocho meses después, sigue sin resolverse por completo. Esto es lo que significa el término que ha dominado buena parte de las noticias de corrupción en México durante el último año: el huachicol fiscal.

La diferencia que importa: no es robo de ducto

La palabra "huachicol" existe en el vocabulario mexicano desde el siglo XIX, quizás derivada del vocablo maya "huach" (forastero) combinado con un sufijo que denota actividad ilícita, y originalmente se refería a bebidas alcohólicas adulteradas. A partir de la década de 1990 pasó a designar el robo de combustible cuando comunidades de Puebla, Veracruz e Hidalgo comenzaron a perforar manualmente los ductos de Pemex — las llamadas "tomas clandestinas", que pasaron de unas 180 detectadas en el año 2000 a más de 700 en 2010, y que llevaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a lanzar, en 2019, una estrategia nacional contra el robo de combustible tras el desabasto de gasolina de ese año y la tragedia de Tlahuelilpan.

El huachicol fiscal es un delito distinto, aunque comparta el nombre. No implica perforar un ducto ni robar físicamente el combustible de Pemex: es contrabando aduanero. El esquema consiste en importar gasolina o diésel —producido legalmente en refinerías de Estados Unidos— y declararlo en la aduana mexicana bajo una fracción arancelaria que no corresponde a combustible, para evitar pagar el IEPS. El caso mejor documentado usó la fracción 3811.21.07, correspondiente a "aditivos para aceites lubricantes", cuando la fracción correcta para diésel automotriz es la 2710.19.99. La diferencia entre ambas fracciones, en la práctica, es la diferencia entre pagar el impuesto especial sobre combustibles o no pagarlo — y entre 2021 y 2022, autoridades detectaron aumentos anómalos de "importación de lubricantes" en 21 aduanas de 13 estados, con un daño potencial estimado de hasta 120,000 millones de pesos solo en ese periodo.

Cómo opera la red: de Houston a la gasolinera

El mecanismo documentado por la FGR y por reportajes de investigación describe una cadena con varios eslabones. Primero, el combustible se produce o se adquiere en refinerías o terminales de Estados Unidos —una de las rutas documentadas conecta Houston, Texas, con Tamaulipas—. Después, se transporta por barco hasta puertos mexicanos, principalmente Altamira y Tampico, aunque la red también tuvo operaciones identificadas en Ensenada (Baja California) y, más recientemente, en Sonora. En el puerto, el punto crítico del esquema es la aduana: ahí es donde la mercancía debe pasar de ser "combustible gravado" a ser "aceite o aditivo exento", y eso requiere que alguien con autoridad de verificación —un agente aduanal, un funcionario de la Administración General de Aduanas, o en los casos más graves, personal con mando naval— certifique o permita el paso de la mercancía mal clasificada. Una vez dentro del país, el combustible se mueve mediante empresas fachada —"factureras" que simulan operaciones para justificar el papeleo— hasta llegar a gasolineras, donde se vende exactamente igual que el combustible que sí pagó impuestos, con el comprador final sin ninguna forma de distinguir el origen.

Quién está involucrado: de "Los Primos" a la cúpula naval

La red más grande identificada por la FGR opera bajo el nombre "Los Primos", presuntamente liderada por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. Fernando Farías Laguna es un excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) y, según reportes, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. La red operó en al menos cinco estados —Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México— y permitió la entrada de los 31 buques mencionados. En agosto de 2026, Fernando Farías Laguna fue formalmente vinculado a proceso por el caso.

El golpe inicial contra la red, en septiembre de 2025, resultó en la detención de un vicealmirante, cinco marinos en activo, además de exfuncionarios de aduanas y empresarios — la investigación completa documentó casi 50 detenidos entre altos mandos, empresarios y funcionarios públicos. El testigo colaborador identificado con el alias "Santo" —señalado en reportes como el exadministrador de la Aduana de Tampico, Alejandro Torres Joaquín— vinculó en su testimonio a un empresario cercano al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado en más de una ocasión que, según lo que le ha informado la FGR, no existe una investigación formal contra López Hernández por el caso. Esa distinción —una mención en el testimonio de un testigo colaborador frente a una investigación formal abierta— es importante y suele perderse en la cobertura: no son lo mismo, aunque ambas sean parte legítima de la historia pública del caso. Este mismo patrón de despachos y empresas ligadas a figuras políticas apareciendo en investigaciones de lavado relacionadas con huachicol fiscal no es exclusivo de este caso: es el mismo tipo de señalamiento —sin que constituya prueba de culpabilidad— que documentamos hace unos días sobre la red "Los Petrofactureros" en Nuevo León y su conexión con el despacho fiscal de la familia del gobernador Samuel García.

El costo: cifras que no siempre coinciden, y por qué

Distintas fuentes dan cifras distintas del daño causado por el huachicol fiscal, y vale la pena ser explícito sobre por qué: miden cosas distintas, en periodos distintos. La consultora Petro Intelligence estimó una pérdida fiscal acumulada de más de 170,000 millones de pesos en su análisis "Recaudación potencial del contrabando fiscal". El daño documentado solo por la FGR en las primeras operaciones contra "Los Primos", basado en el hidrocarburo efectivamente recuperado, se calculó en más de 340 millones de pesos —una fracción mucho menor, porque mide solo lo decomisado, no lo estimado a nivel nacional—. Y un análisis de importaciones de diésel declarado como "lubricante" documentó un incremento de 520% en el volumen de esas importaciones, de 500,000 a 3.1 millones de barriles, evidencia indirecta pero contundente de la escala del fraude. Ninguna de estas cifras es incorrecta; simplemente responden preguntas distintas —cuánto se robó del erario en total, cuánto se ha probado en tribunales, y cuánto creció el volumen del fraude—, y conviene no tratarlas como si fueran intercambiables.

"Huachicolearon el huachicol": el escándalo dentro del escándalo

En mayo de 2026, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación con un titular que se volvió, de inmediato, el resumen más citado de todo el caso: "huachicolearon el huachicol". La investigación documentó que una parte del diésel de contrabando que ya había sido decomisado por las autoridades —es decir, combustible que en teoría ya estaba bajo control del Estado, como evidencia de un delito— desapareció, con reportes que hablan de hasta 10 millones de dólares en diésel confiscado esfumándose del sistema. El hallazgo no solo confirma que la corrupción en el caso no terminó con las primeras detenciones: sugiere que la cadena de custodia del propio proceso judicial contra la red tiene las mismas vulnerabilidades que permitieron el fraude original.

Qué está haciendo el gobierno, y qué tan lejos ha llegado

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado, a lo largo de 2026, un paquete de reformas legales para fortalecer el combate a la corrupción, con énfasis explícito en el huachicol fiscal y las empresas factureras, que buscará convertirse en tema prioritario del próximo periodo ordinario del Congreso junto con el Paquete Económico 2027. Entre las medidas ya implementadas, la propia presidenta ha reportado, en su segundo informe de gobierno, la cancelación de 3,434 sellos digitales para facturación, 118 denuncias penales relacionadas, más de 8,000 actos de verificación, 1,979 sellos digitales adicionales cancelados, 5,888 multas, y el bloqueo de 159 operaciones de importación irregulares entre 2025 y 2026.

Pero el balance de un año después de los primeros arrestos, documentado en reportes de septiembre de 2026, es más ambiguo de lo que esas cifras administrativas sugieren: de la red completa que involucró a un vicealmirante, varios marinos y funcionarios de aduanas, solo siete elementos de la Marina han sido efectivamente detenidos. La discrepancia entre "159 operaciones bloqueadas" y "7 marinos detenidos" ilustra el patrón central de este caso: es mucho más fácil para el Estado mexicano bloquear operaciones administrativas hacia adelante que desmantelar y castigar penalmente la red de complicidad que ya operó durante años.

Por qué este caso importa más allá del combustible

El huachicol fiscal no es, en el fondo, una historia sobre gasolina: es una historia sobre qué tan vulnerable es el aparato de verificación del Estado mexicano —aduanas, la Marina, el sistema de facturación electrónica— cuando la ganancia de corromperlo es suficientemente grande. Un esquema que requiere complicidad en un puerto, en una aduana, y aparentemente hasta en la cúpula de una fuerza armada, no se resuelve solo con reformas a fracciones arancelarias o más sellos digitales cancelados: requiere que las instituciones que deberían detectar el fraude —las mismas que en este caso participaron en él— tengan, de verdad, incentivos distintos a los que tuvieron durante los años en que la red operó sin ser detenida. La pregunta que el balance de un año después deja abierta no es si el gobierno está haciendo algo contra el huachicol fiscal —claramente lo está haciendo—, sino si lo que está haciendo alcanza para desmontar una red que, según la propia evidencia de MCCI, seguía operando incluso contra el combustible que el Estado ya había decomisado.

Fuentes

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