Geopolitics

Las participaciones federales a los estados cayeron por primera vez en seis años. Nuevo León y Coahuila no se salvaron

Las participaciones federales a 23 de los 32 estados cayeron 3.6% real anual durante el primer semestre de 2026 —la primera baja desde la pandemia—, arrastradas por una recaudación menor de ISR e ingresos petroleros. Moody´s Local México advierte que estados y municipios enfrentan el cierre de año más retador en términos fiscales, con una brecha presupuestal de más de 24,000 millones de pesos acumulada hasta julio.

En una mirada
-3.6%Caída real anual de las participaciones federales en 23 estados, primer semestre de 2026ene-jun 2026 · SHCP
-3.4%Reserva Federal Participable, misma caída que explica el ajuste a las participacionesene-jun 2026 · SHCP
-19.4%Caída de los ingresos petroleros, uno de los dos componentes principales del deterioroene-jun 2026
$24,729 millonesBrecha presupuestal acumulada para estados y municipios, según Moody´s Local Méxicoa jul-2026 · Moody´s Local México
La tesis del artículo

Que 23 de 32 estados hayan registrado caídas documenta un fenómeno de alcance nacional, no un problema de mala gestión aislado a gobiernos específicos: las participaciones se calculan con una fórmula federal basada en la Recaudación Federal Participable, por lo que su caída refleja directamente la desaceleración de la recaudación de ISR y de los ingresos petroleros a nivel nacional —una conclusión documentada por los propios datos de Hacienda—, aunque no hay evidencia en estas cifras que permita atribuir esa desaceleración a una causa específica sin mayor análisis macroeconómico.

Durante el primer semestre de 2026, las participaciones federales —el dinero que la Federación transfiere a los estados según una fórmula basada en la recaudación nacional— cayeron 3.6% en términos reales en 23 de las 32 entidades del país, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reproducidos por Vanguardia a partir de un análisis de Reforma. Es la primera caída de este tipo desde la pandemia: en el mismo periodo de 2020, el desplome había sido de 7.5% real, impulsado por el colapso generalizado de la actividad económica. La caída de este año es menor en magnitud, pero comparte un rasgo que la vuelve relevante más allá de cualquier estado en particular: no se explica por decisiones de gasto o gestión de ningún gobierno estatal, sino por una desaceleración de la recaudación federal que, por diseño de la fórmula de participaciones, se traslada automáticamente a los estados.

Por qué esto no es un problema de gestión estatal

Las participaciones federales se calculan como una proporción de la Recaudación Federal Participable (RFP), el conjunto de ingresos tributarios y no tributarios que capta la Federación y que, por ley, debe compartir con estados y municipios. Cuando la RFP crece, las participaciones crecen; cuando se contrae, caen en la misma proporción, sin que ningún gobierno estatal tenga capacidad de alterar ese mecanismo. La RFP cayó 3.4% real en el primer semestre, una cifra casi idéntica a la caída de las participaciones, lo que confirma que el ajuste estatal es, en esencia, un reflejo directo de lo que ocurrió a nivel federal. Los dos componentes que más explican esa caída son la recaudación de ISR, que bajó 5.5%, y los ingresos petroleros, que se desplomaron 19.4% —dos fuentes de ingreso estructuralmente distintas (impuesto directo sobre la renta, por un lado; renta petrolera, por el otro) cayendo de forma simultánea, lo que descarta que el problema esté concentrado en un solo sector de la economía.

Dónde pegó más fuerte, y dónde menos

De los 23 estados con caídas, Campeche encabezó la lista con un desplome que las distintas fuentes sitúan entre 28.1% y 42.1%, dependiendo del corte de cálculo utilizado —una diferencia metodológica que no cambia la conclusión de que es, por un margen amplio, el estado más golpeado, dado su peso específico en la producción petrolera nacional—. Nuevo León registró una caída de 3.4%, prácticamente en línea con el promedio nacional, mientras que Chihuahua se ubicó entre los siete estados con el peor recorte, con una caída reportada de 6.2% según el monitor de Moody's. No se localizó con confianza una cifra específica para Coahuila en las fuentes consultadas. En el otro extremo, nueve estados registraron incrementos en sus participaciones durante el mismo periodo, con Hidalgo destacando con un crecimiento de 8%, lo que confirma que el fenómeno, aunque mayoritario, no fue completamente generalizado.

La advertencia de Moody's sobre lo que viene

Moody's Local México, en su reporte "Monitor Subsoberano" del primer semestre de 2026, estima que estados y municipios acumulan una brecha presupuestal de 24,729 millones de pesos frente a lo originalmente presupuestado, después de una breve reversión en julio que redujo el faltante desde un máximo de 26,488 millones. La agencia atribuye el entorno más desafiante no solo a la caída de las participaciones, sino también a un margen cada vez más estrecho para que los estados aumenten ingresos propios —tras varios años recientes de alzas en impuestos locales como el de nóminas, que ya agotaron buena parte del espacio político disponible para ese tipo de ajuste— y a un crecimiento sostenido del gasto operativo y de programas sociales que no se ajusta con la misma velocidad que caen los ingresos. El matiz que la propia Moody's ofrece es que los niveles de deuda relativamente bajos y las reservas de liquidez que mantienen la mayoría de los estados todavía permiten absorber esta presión sin un deterioro crediticio inmediato, aunque la agencia es explícita en que el margen para hacerlo se reduce si la recaudación federal no se recupera en la segunda mitad del año.

La pregunta que ninguna de estas cifras responde todavía

Lo que ni los datos de Hacienda ni el análisis de Moody's permiten establecer con la información disponible es si esta desaceleración de la RFP —y, por extensión, de las participaciones— es un fenómeno transitorio ligado a un semestre específico de debilidad en la recaudación petrolera y del ISR, o el inicio de una tendencia más duradera que los estados tendrán que planear para absorber de forma estructural, no como un bache de un solo año. Esa distinción importa porque las dos respuestas exigen estrategias fiscales estatales completamente distintas: una caída transitoria se puede cubrir con reservas de liquidez, como sugiere Moody's que la mayoría de los estados todavía puede hacer; una caída estructural eventualmente obliga a decisiones más difíciles sobre gasto o ingresos propios que ningún gobierno estatal ha tenido que tomar en esta escala desde la pandemia.

Fuentes

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