El paro de transportistas bloqueó carreteras en hasta 30 estados. Hacienda dice que el cambio fiscal que lo originó solo afecta a 170 empresas de 2,580
Transportistas de carga, convocados principalmente por la Canacar, bloquearon carreteras en al menos 19 estados —otras fuentes hablan de hasta 30— este lunes 26 de octubre, en protesta por una reducción del tope de ingresos para acceder a un estímulo fiscal sobre casetas, de 300 a 250 millones de pesos anuales. Hacienda sostiene que el cambio solo afectará a 170 de las 2,580 empresas que hoy reciben el beneficio; los transportistas insisten en que el reclamo no es solo fiscal, sino también de inseguridad en las carreteras.
La tesis del artículoQue Hacienda documente que el cambio fiscal propuesto afecta formalmente a una fracción pequeña de las empresas beneficiarias (170 de 2,580, según cifras oficiales) es un hecho verificable. Que esa cifra, por sí sola, explique por qué el paro alcanzó a decenas de estados y no solo a esas 170 empresas es una inferencia que la evidencia disponible no sostiene del todo: los propios transportistas insisten en que el reclamo incluye inseguridad, cobro de piso y deterioro de carreteras, temas que el gobierno apenas ha abordado en su respuesta pública centrada casi exclusivamente en la cifra fiscal.
Este lunes 26 de octubre, transportistas de carga —convocados principalmente por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con participación de CONATRAM y otras organizaciones del sector— bloquearon carreteras y casetas en al menos 19 estados del país, según un corte de la Secretaría de Gobernación a las 9:30 horas; otro conteo, citado por distintos medios, hablaba de 44 movilizaciones en 30 entidades. La discrepancia entre ambas cifras no es el dato más importante de la jornada —es normal que los conteos varíen según la hora del reporte—; lo más relevante es que, sea cual sea el número exacto, el paro alcanzó una escala nacional real, con bloqueos confirmados en las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca, además de puntos en Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco, entre otros estados.
El detonante: un cambio al estímulo fiscal de las casetas
El origen inmediato del paro es una modificación fiscal proyectada para 2027 que reduciría, de 300 a 250 millones de pesos, el umbral de ingresos anuales que da acceso a un estímulo fiscal que permite a transportistas y empresas de autotransporte deducir una parte sustancial de sus gastos de peaje. Según la propia Secretaría de Hacienda, el beneficio nació en 2002, cuando los pagos de caseta se empezaron a acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta —un mecanismo que, con el tiempo, Hacienda describe como un "abuso" que llegó a representar 0.4% del Producto Interno Bruto. En 2019 se fijó un tope de 300 millones de pesos para acceder al beneficio; desde entonces, según la dependencia, el monto total del estímulo creció más de cinco veces en seis años.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, defendió el cambio con una cifra específica: de las 2,580 empresas que hoy reciben el estímulo, solo 170 dejarían de calificar con el nuevo umbral de 250 millones de pesos —es decir, poco menos del 7% del universo de empresas beneficiarias—. La presidenta Claudia Sheinbaum retomó ese argumento en su conferencia matutina, enfatizando que son pocas las empresas realmente afectadas, y anunció una mesa de diálogo entre líderes del sector y funcionarios de Hacienda para las 11:00 horas del mismo lunes, horas después de iniciados los bloqueos.
La pregunta que la cifra de Hacienda no responde
Hay algo que no cuadra del todo en la narrativa oficial, y que vale la pena señalar con precisión: si el cambio fiscal, en los términos que describe la propia Hacienda, solo afecta directamente a 170 empresas, ¿por qué la protesta alcanzó una escala de decenas de estados y cientos de puntos de movilización, muy por encima de lo que cabría esperar si el universo de inconformidad real fuera de 170 empresas? La respuesta más simple —que el paro está desproporcionado respecto a su causa real— es posible, pero no es la única lectura consistente con la evidencia disponible. La otra es que el detonante fiscal haya funcionado como el disparador de un malestar más amplio, acumulado por razones que no tienen nada que ver con el Impuesto Sobre la Renta.
Lo que los transportistas dicen que de verdad les pesa
Las demandas que las propias organizaciones del sector hicieron públicas durante la jornada van mucho más allá del tema fiscal: piden una estrategia distinta de seguridad en carreteras, mayor coordinación entre autoridades federales y estatales contra robos y el llamado "cobro de piso" —el pago de extorsión que bandas criminales exigen a transportistas para permitirles circular por ciertas rutas—, seguros que compensen a los dueños de unidades robadas, y la reparación de autopistas en mal estado. Daniel Flores Sahagún, delegado de Canacar en Jalisco, lo resumió así: "Hemos llegado a un punto en el que ya no basta con exponer los problemas, necesitamos soluciones", y recordó que el sector respondió a emergencias como la pandemia y desastres naturales sin que, según su lectura, esa disposición haya sido correspondida con respuestas concretas a sus propios reclamos.
Ninguna de las fuentes consultadas documenta cifras oficiales y verificables sobre cobro de piso o robos en carretera a nivel nacional para este texto —es, en sí mismo, un vacío de información relevante—, pero el hecho de que el propio sector coloque la inseguridad al mismo nivel, o por encima, del reclamo fiscal es un dato que la respuesta oficial, centrada casi por completo en la cifra de 170 empresas, no ha abordado con el mismo detalle.
Una respuesta institucional que sí llegó rápido
Es justo reconocer lo que el gobierno sí hizo bien en términos de velocidad institucional: Segob reportó que las principales organizaciones del transporte —agrupadas bajo la sombrilla de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)— rechazaron explícitamente los bloqueos como método y prefirieron el diálogo, y que se acordó una agenda de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo y la Guardia Nacional, tanto a nivel central como estatal. Que esa mesa se haya convocado el mismo día, antes de que el paro completara su primera jornada, es un hecho que contrasta con la velocidad —mucho más lenta, según el testimonio del propio sector— con la que normalmente avanzan sus reclamos de seguridad.
Lo que todavía no se puede saber
No hay, hasta el cierre de esta nota, un acuerdo formal entre el gobierno federal y los transportistas, ni una respuesta oficial detallada sobre las demandas de seguridad que acompañaron al reclamo fiscal. Tampoco hay manera de saber, desde afuera, si la mesa de diálogo convocada para hoy mismo logrará separar ambos temas —el fiscal, que parece tener una solución técnica relativamente simple, y el de seguridad, que no la tiene— o si el gobierno seguirá tratando al paro como un problema exclusivamente de Hacienda mientras el reclamo de fondo, el que llevó a cientos de camiones a bloquear carreteras en todo el país, sigue sin una respuesta pública tan precisa como la cifra de 170 empresas.
Fuentes
- Paro nacional de transportistas en CDMX y otros estados: qué carreteras están cerradas hoy, 26 de octubre — Expansión Política
- Manifestaciones: Transportistas realizan paro nacional ante la inseguridad — El Informador
- Paro nacional de transportistas: ¿qué carreteras tendrán afectaciones hoy? — Uno TV
- Paro nacional de transportistas desata 'caos' en CDMX y Edomex — El Financiero
- Anuncian paro nacional de transportistas: ¿En qué estados habrá bloqueos este lunes 26 de octubre? — El Financiero
- Paro nacional de transportistas: Sigue EN VIVO las movilizaciones y el estado de las carreteras — El Universal