El Paquete Económico 2027 recorta el déficit en el papel — el costo real lo absorbe Pemex, no el gasto social

Hacienda entregó este martes al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, y la cifra que domina el mensaje oficial es la que ya se venía anticipando desde el Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre: un recorte del déficit fiscal de 4.1% a 3.5% del PIB, medido como Requerimientos Financieros del Sector Público, sin sacrificar el gasto en bienestar, salud, educación ni inversión pública. Es una promesa políticamente coherente con la narrativa que ha sostenido el gobierno de Claudia Sheinbaum desde su Segundo Informe, y en el papel, matemáticamente factible. La pregunta que de verdad importa, sin embargo, no es si el número cuadra en el documento que Hacienda acaba de entregar, sino de dónde sale exactamente ese ajuste de 0.6 puntos porcentuales del PIB si no proviene del gasto social —y la respuesta, ya visible en el propio paquete, es que la carga recae de forma desproporcionada sobre Petróleos Mexicanos, justo en el momento en que la petrolera estatal enfrenta el escenario operativo y competitivo más adverso en años.

La cifra del ajuste, y por dónde no pasa

El paquete mantiene la arquitectura declarada desde los Pre-Criterios de abril: consolidación fiscal paulatina, sin recortes a la inversión pública ni a los programas de bienestar, salud y educación. Esa protección explícita al gasto social no es un detalle menor —es, de hecho, la pieza central de la narrativa política del documento—, pero también es la que obliga a preguntarse, con la misma seriedad con la que se celebra la protección, qué otra partida del presupuesto está absorbiendo el ajuste que el gasto social no absorbe. La respuesta que ya circula entre analistas y que el propio gobierno ha reconocido es un recorte de 59,400 millones de pesos al apoyo federal destinado a Pemex, un ajuste que proviene tanto de gasto programable como no programable, y que se suma a los aproximadamente 495,000 millones de pesos que el gobierno federal ya ha destinado a la petrolera a lo largo de la administración actual.

Por qué Pemex es el punto de menor resistencia política, no el de menor riesgo económico

Recortar el apoyo a Pemex tiene una lógica política evidente: a diferencia de un programa social con nombre propio y beneficiarios identificables —la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez, el programa de vivienda—, un ajuste al subsidio de una empresa productiva del Estado no genera el mismo costo político inmediato, incluso si sus consecuencias fiscales de mediano plazo pueden ser más severas. El problema de tratar a Pemex como la variable de ajuste preferida es que la petrolera no es un rubro de gasto discrecional que se pueda comprimir sin efectos de segundo orden: es la empresa que sostiene una porción todavía relevante de los ingresos petroleros del país, opera con una carga de deuda que sigue siendo de las más altas entre las petroleras estatales del mundo, y enfrenta, como este mismo blog documentó hace apenas unos días, una competencia creciente del crudo pesado venezolano que ya está presionando el poder de negociación de México frente a las refinerías de la Costa del Golfo estadounidense. Recortar el apoyo financiero a Pemex en 59,400 millones de pesos en ese contexto específico no es una simple decisión de disciplina presupuestal: es apostar a que la petrolera pueda operar con menos respaldo fiscal justo cuando su entorno competitivo se volvió más difícil, no más fácil.

Los supuestos macroeconómicos: un margen de error que ya luce estrecho

El paquete descansa sobre un conjunto de supuestos que, tomados en su conjunto, dejan relativamente poco espacio para sorpresas negativas. Hacienda proyecta un crecimiento del PIB de entre 1.9% y 2.9% para 2027 —un rango amplio que en sí mismo refleja la incertidumbre del ejercicio—, una inflación que convergería a 3%, y una trayectoria de baja gradual en la tasa de referencia de Banxico hacia 5.5% al cierre de 2027. Analistas del sector privado ya muestran divergencias notables frente a ese escenario: Banamex proyecta un déficit fiscal de 4.3% del PIB para el cierre de 2026 —medio punto por encima del 4.1% que maneja la propia Hacienda— y de 4.6% para 2027, muy por encima de la meta oficial de 3.5%, con el argumento de que la trayectoria de gasto real ha sido consistentemente mayor a la prevista en los documentos oficiales. Esa brecha entre la proyección gubernamental y la de al menos una casa de análisis relevante no es un simple desacuerdo técnico: es la misma discusión que ya sostuvieron los mercados financieros con el gobierno mexicano en años anteriores, y que en cada ocasión se resolvió con el número real más cerca de la lectura escéptica del sector privado que de la proyección oficial inicial.

Lo que las calificadoras están observando, no lo que Hacienda está anunciando

El contexto en el que llega este paquete económico es, para México, el más delicado en años en términos de calificación crediticia. Moody's recortó la calificación soberana mexicana de Baa2 a Baa3 en mayo de este año, dejando al país en el último escalón de grado de inversión, con perspectiva estable. Fitch Ratings mantiene su calificación en BBB-, también en el último peldaño antes de perder el grado de inversión, mientras S&P Global conserva una calificación dos escalones por encima del umbral de riesgo, pero con perspectiva negativa desde que documentó que la consolidación fiscal mexicana ha avanzado más lentamente de lo comprometido en ejercicios previos. Las tres agencias coinciden en identificar los mismos riesgos estructurales: crecimiento económico moderado, debilidades de gobernanza, baja recaudación tributaria como proporción del PIB, y las presiones presupuestales asociadas a Pemex —el mismo rubro que este paquete eligió como la variable de ajuste principal—. Que el gobierno mexicano use precisamente esa palanca para cumplir su meta de déficit no resuelve la preocupación de las calificadoras sobre Pemex; en el mejor de los casos, la traslada del balance fiscal del gobierno federal al balance operativo de la propia petrolera, sin eliminarla del sistema.

El ingreso estancado que complica la aritmética completa

Más allá de en qué gasta el gobierno, el otro lado de la ecuación —cuánto recauda— presenta su propia fragilidad. Reportes previos a la entrega formal del paquete ya advertían que México llega a este ejercicio fiscal con ingresos públicos estancados, un problema que el propio documento busca atender con medidas de combate a la evasión fiscal y mayor trazabilidad del IEPS aplicado a combustibles, más que con una reforma tributaria de fondo que amplíe la base recaudatoria de manera estructural. Es una estrategia consistente con la promesa política de no elevar impuestos generalizados, pero también una que depende, para cumplir su meta, de una mejora en la eficiencia recaudatoria cuyo resultado real solo se conocerá con los datos de ejecución del propio 2027, no con el documento que se entregó hoy. Hacienda enfrenta, en ese sentido, una "prueba de fuego" —la expresión que utilizaron especialistas consultados por La Jornada esta misma semana— no porque el diseño del paquete carezca de lógica interna, sino porque su éxito depende de que tanto los supuestos de crecimiento como los de recaudación se cumplan sin las desviaciones que han caracterizado a los ejercicios fiscales mexicanos de años recientes.

Lo que el paquete logra, sin matices que restarle mérito

Sería injusto reducir este análisis a una lista de riesgos sin reconocer lo que el documento sí consigue de manera verificable. Proteger el gasto social y la inversión pública, en un contexto de consolidación fiscal, es una decisión de política económica con costos de oportunidad reales: cualquier peso que no se recorta de bienestar, salud o educación tiene que salir de otra parte, y el gobierno decidió, de manera explícita y políticamente consistente con su narrativa, que esa otra parte fuera Pemex antes que los programas sociales que sostienen buena parte de su base de apoyo. Es una decisión defendible en sus propios términos, y distinta de simplemente incumplir la meta de déficit sin ofrecer ningún ajuste compensatorio. El problema no es la lógica de la decisión, sino su sostenibilidad: un recorte de 59,400 millones de pesos a una empresa que ya arrastra años de deterioro operativo y que ahora compite con más presión en su mercado de exportación tradicional no es, necesariamente, un ajuste que se pueda repetir año tras año sin que la propia capacidad productiva de Pemex empiece a resentirlo de forma más visible que cualquier recorte al gasto social hubiera generado en el corto plazo.

La pregunta que el documento entregado hoy no puede responder por sí solo

Ningún paquete económico, por bien diseñado que esté en el papel, se valida a sí mismo el día en que se entrega al Congreso: se valida con la ejecución de los doce meses siguientes, con si el crecimiento real se acerca más al extremo optimista o al pesimista del rango de 1.9% a 2.9% que maneja Hacienda, y con si Pemex logra operar con el respaldo fiscal reducido sin que su producción, su capacidad de inversión o su competitividad frente al crudo venezolano se deterioren de una forma que termine por costarle al gobierno, en ingresos petroleros perdidos, más de lo que el recorte de 59,400 millones de pesos le ahorró en gasto directo. Las calificadoras, los analistas de Banamex y el propio mercado de deuda soberana mexicana van a pasar los próximos meses observando exactamente esa ejecución, no el anuncio de hoy —y esa es, en el fondo, la prueba real que el Segundo Informe de Gobierno prometió para esta fecha, y que apenas comienza.