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Geopolitics

Lo que se pierde sin tauromaquia: la Ley de Bienestar Animal, el futuro del toro de lidia en México, y la lección que dejó la prohibición de animales en el circo

El Senado avanza la primera Ley General de Bienestar Animal de México, pero deja la tauromaquia en manos de los estados — seis ya la prohibieron y el Estado de México la blindó. Detrás del debate hay una raza entera, el toro de lidia, cuya supervivencia depende de un modelo económico que la prohibición desarma pieza por pieza, y un precedente incómodo: lo que realmente pasó con los animales cuando se prohibieron en los circos.

Jesús Mario González Siller30 de septiembre de 20269 min de lectura
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El 18 de marzo de 2026 no fue la primera vez que México legisló sobre bienestar animal tocando a los toros, ni será la última: ese día, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas que, en la práctica, prohíben herir o matar al toro durante la corrida, forzando un formato "sin sangre". Meses después, en septiembre, las comisiones de Medio Ambiente y Estudios Legislativos del Senado avanzaron la primera Ley General de Bienestar Animal, Cuidado y Protección de la historia del país —un marco nacional que, sin embargo, decidió dejar la decisión sobre tauromaquia y peleas de gallos en manos de cada estado, en lugar de resolverla a nivel federal—. El resultado es un mapa fragmentado: Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Michoacán ya prohibieron las corridas por completo, mientras que el Estado de México, en su propia Ley de Bienestar Animal más reciente, blindó explícitamente a la tauromaquia, la charrería y las peleas de gallos de cualquier restricción.

Ese mapa fragmentado no es un detalle procesal: es el terreno donde se está decidiendo, estado por estado, el futuro de una raza entera de ganado y de un modelo de conservación de tierra que pocas discusiones públicas mencionan.

Lo que la discusión pública casi nunca dice: el toro de lidia es una raza en riesgo real

El toro de lidia no es ganado convencional criado para carne o leche: es una raza genéticamente seleccionada durante siglos por un rasgo específico, la bravura, que no tiene ningún valor comercial fuera del contexto de la lidia. Según cifras de los propios productores, en México existen alrededor de 100,000 cabezas de esta raza distribuidas en 240 ganaderías registradas en 12 estados, de las cuales solamente un 7% llega efectivamente a una plaza de toros. El otro 93% se cría, se selecciona genéticamente y en muchos casos muere de causas naturales sin haber sido lidiado jamás —el negocio de una ganadería de lidia, en la práctica, es la genética y la conservación de la raza, no el toreo en sí mismo, que es apenas la salida comercial final de una fracción del hato—.

Ese matiz importa precisamente para el tipo de ganadería como la que motiva esta nota: operaciones que dedican sus recursos a mantener la pureza y la salud genética de la raza, no a maximizar cuántos animales terminan en una plaza. Es una distinción que el debate público rara vez hace, porque simplifica el sector completo bajo la imagen de la corrida, cuando en realidad la corrida es el evento visible de una cadena de conservación genética mucho más larga y, en la mayoría de los casos, invisible.

Veterinarios y ganaderos advierten un problema técnico concreto si la tauromaquia desaparece por completo: el toro de lidia, por su temperamento seleccionado durante generaciones, no puede vivir en espacios reducidos como el ganado doméstico convencional, ni puede liberarse sin control en el medio silvestre, porque no existe un "hábitat natural" al que reintroducirlo —es una raza doméstica, no una especie salvaje—. Sin un mercado que sostenga económicamente su cría, la proyección de varios especialistas del sector es que la raza podría extinguirse en un plazo de apenas un par de años tras una prohibición total y sin alternativa económica.

El argumento de conservación que la discusión pública ignora

Los ganaderos de lidia sostienen algo que merece revisarse con la misma seriedad con la que se revisan los argumentos en contra: sus 240 ranchos cubren más de 170,000 hectáreas de terreno que se mantienen como ecosistema semisalvaje —pastizales extensos, matorral, fauna silvestre asociada— precisamente porque ese tipo de terreno es el que necesita un toro de lidia para desarrollarse con el espacio y las condiciones que su crianza exige. Es, en esencia, el mismo argumento de conservación que se usa en España para la dehesa: un paisaje y un ecosistema que sobreviven porque existe una actividad económica —lidia, en este caso— que hace rentable no urbanizar ni convertir esa tierra a agricultura intensiva.

Si ese terreno deja de tener un uso económico ligado a la cría de toros de lidia, la pregunta que ningún actor del debate ha respondido con seriedad es qué pasa después con esas 170,000 hectáreas: ¿se convierten en áreas naturales protegidas formalmente, con presupuesto público para sostenerlas, o simplemente se venden, se subdividen y se convierten en otro uso de suelo que no tiene ningún requisito de conservación? Los ganaderos añaden a esto el argumento de empleo: calculan en unos 80,000 los empleos directos ligados al cuidado del ganado bravo y al mantenimiento del campo donde se cría, una cifra que —como toda cifra que aporta la parte interesada de un debate— merece escrutinio independiente, pero que tampoco puede descartarse sin más solo porque venga del sector que se vería directamente afectado.

La lección que nadie quiere repetir: qué pasó realmente con los animales del circo

Aquí es donde la historia reciente de México ofrece un precedente que debería ser la referencia obligada de cualquier discusión sobre prohibir una actividad que involucra animales sin haber diseñado antes un plan real de transición.

El 9 de diciembre de 2014, el Senado aprobó prohibir el uso de animales silvestres en espectáculos circenses; la Cámara de Diputados ratificó la decisión dos días después, y la reforma al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre entró en vigor el 8 de julio de 2015. En ese momento, Semarnat tenía registrados 1,298 animales silvestres en circos activos en el país. La versión oficial, repetida durante años, fue tranquilizadora: solo 11 ejemplares habían muerto oficialmente tras la prohibición.

Esa cifra no resistió el escrutinio periodístico. Investigaciones posteriores, con acceso a archivos de la propia Dirección General de Vida Silvestre de Semarnat, documentaron que de los 1,298 animales registrados, menos de 300 sobrevivieron —es decir, alrededor del 80% terminó muerto o "desaparecido"—, por hambre, enfermedades no tratadas, o venta ilegal a compradores sin ningún control ni seguimiento posterior. El problema de fondo, señalado explícitamente por solicitudes de información ante el INAI, fue que Semarnat solo verificó que los animales dejaran de participar en espectáculos: qué pasaba después con cada ejemplar —a dónde iba, quién lo recibía, en qué condiciones— quedó enteramente en manos de los propios dueños de circo, sin ninguna obligación de reportarlo ni de garantizar un destino adecuado. Casos documentados en la prensa, como el de un camello encontrado abandonado en Hermosillo, atado sin comida ni agua y con heridas causadas por los propios cables que lo sujetaban, ilustran lo que significó en la práctica esa ausencia de mecanismo de transición.

La lección no es que la prohibición de 2015 estuviera mal concebida en su objetivo —sacar animales silvestres de un contexto de explotación en espectáculos es, en principio, una meta de bienestar animal legítima—. La lección es que una prohibición sin un mecanismo obligatorio, financiado y con seguimiento real de qué pasa con los animales afectados no elimina el sufrimiento: lo saca de la vista pública y lo traslada a un lugar donde nadie lo documenta ni lo evita.

Por qué esa lección aplica directamente al toro de lidia

Trasladar ese precedente a la discusión actual sobre tauromaquia no es una comparación forzada: es la misma estructura de problema, a una escala considerablemente mayor. Si una prohibición total de la tauromaquia se implementa en más estados sin ningún mecanismo de transición para las 100,000 cabezas de toro de lidia que hoy existen —sin presupuesto público de conservación genética de la raza, sin un plan de reconversión de esas 170,000 hectáreas a otro uso de conservación formal, sin ningún destino definido para los animales que dejarían de tener función económica—, el resultado más probable no es que esos toros "vivan felices sin ser lidiados": es que, replicando lo que documentó la investigación sobre los circos, un porcentaje considerable de esa raza termine sacrificado directamente por sus propios criadores —porque mantener un toro de lidia sin ingreso asociado tiene un costo real que ninguna ganadería puede sostener indefinidamente—, vendido sin ningún control a compradores sin capacidad de darle un cuidado adecuado, o simplemente dejado de reproducir hasta la extinción funcional de la raza en un plazo de pocos años, exactamente como advierten los propios veterinarios del sector.

Ninguna de esas tres salidas es mejor, desde el bienestar animal, que el statu quo actual —y las tres son, en un sentido estricto, formas de daño animal a una escala mucho mayor que la de cualquier corrida individual—.

La pregunta que el debate legislativo está evitando

El Senado mexicano, al dejar la decisión sobre tauromaquia en manos de cada estado dentro de la nueva Ley General de Bienestar Animal, evitó la pregunta más difícil en lugar de resolverla: ¿qué obligación tiene el Estado, si decide prohibir una actividad económica que sostiene a una población animal completa, de financiar y verificar un plan de transición real para esa población —igual que debió haberlo hecho, y no lo hizo, con los animales de circo en 2015—? Esa pregunta no depende de la postura personal que se tenga sobre si la tauromaquia debería existir o no como espectáculo: es una pregunta sobre qué responsabilidad asume un gobierno cuando decide, por buenas razones de principio, terminar con una actividad de la que depende la supervivencia de decenas de miles de animales vivos, no solo la clausura de un espectáculo. Hasta que esa pregunta tenga una respuesta legislada, con presupuesto y con mecanismos de verificación reales, cualquier prohibición estatal de la tauromaquia corre el riesgo de repetir, con toros en lugar de tigres y elefantes, exactamente el mismo fracaso que México ya documentó una vez y decidió no aprender.

Fuentes

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