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El INE suma ya 15 renuncias y al menos 5 funcionarios imputados tras la salida de Guadalupe Taddei, mientras Sheinbaum pide auditar también a Lorenzo Córdova

Diez días después de que Guadalupe Taddei renunciara a la presidencia del INE en medio de señalamientos por contratos irregulares, el instituto electoral suma ya 15 renuncias de colaboradores cercanos a ella, al menos cinco funcionarios imputados y una denuncia penal del PAN por seis delitos federales. La presidenta Sheinbaum pidió además que la auditoría de la ASF se extienda a la gestión previa de Lorenzo Córdova, quien respondió que no le teme a una nueva revisión.

En una mirada
15 renunciasColaboradores cercanos a Guadalupe Taddei que han dejado el INE desde el estallido del casoOctubre-noviembre 2026 · Posta / UnoTV
5 funcionarios imputados, 18 expedientesReportados por el contralor del INE, Hugo Carvente, ante la Cámara de DiputadosExpansión Política
$1,600 millonesPresunto daño patrimonial en contratos irregulares, según la denuncia penal del PAN ante la FGRExcélsior / Grupo Animal
La tesis del artículo

Que 15 colaboradores de Taddei hayan renunciado y que al menos cinco funcionarios del INE ya estén imputados por la misma red de contratos es un hecho documentado por el propio contralor del instituto ante la Cámara de Diputados; que ese patrón constituya una "estructura de operación criminal" dentro del árbitro electoral, como sostiene el PAN, es la interpretación de una de las partes en una disputa todavía abierta, no un hecho establecido por una autoridad judicial, y la extensión de la auditoría a la gestión de Lorenzo Córdova que pidió Sheinbaum introduce además una disputa política paralela que no debe confundirse con el fondo del caso Taddei.

Diez días después de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral ante la Cámara de Diputados, el caso que la sacó del cargo no ha hecho más que crecer. El contralor del INE, Hugo Carvente, informó a los diputados que al menos cinco funcionarios del instituto ya están imputados por irregularidades ligadas a contratos de la gestión de Taddei, y que existen 18 expedientes abiertos al respecto. A la par, medios nacionales reportan que ya son 15 los colaboradores cercanos a la exconsejera presidenta que han renunciado desde que estalló el escándalo —incluido su jefe de oficina—, en lo que distintos medios han empezado a describir como una "limpia" dentro del instituto electoral.

De la renuncia a la carpeta de investigación

El origen del caso, según reconstruye Expansión Política, fue una investigación del diario Reforma que vinculó al chofer de Taddei con una empresa proveedora del INE —un hallazgo que abrió la puerta a una revisión más amplia de los contratos firmados durante su gestión. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el 23 de octubre que abrió una investigación de oficio por posible uso indebido de recursos públicos en el instituto, con indicios de contrataciones irregulares, colusión y triangulación de recursos. Taddei presentó su renuncia tres días después, el 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados, en medio de presión política de varios frentes. El Partido Acción Nacional no se conformó con esa salida: su dirigencia presentó, el 27 de octubre, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por seis delitos federales, calificando lo ocurrido como una "estructura de operación criminal" alrededor de la exconsejera presidenta, con un presunto daño patrimonial de 1,600 millones de pesos en contratos irregulares.

Lo que el propio INE ya reconoce internamente

Lo que distingue a este episodio de una acusación política ordinaria es que parte de la evidencia proviene del propio instituto, no solo de sus adversarios. El contralor Carvente —cuya función es precisamente vigilar el uso de recursos dentro del INE— confirmó ante la Cámara de Diputados que cinco funcionarios ya enfrentan imputaciones formales y que existen 18 expedientes relacionados con el caso, una cifra que sugiere un patrón de irregularidades más extenso que un señalamiento aislado contra la propia Taddei. A eso se suma la salida, hasta ahora, de 15 colaboradores cercanos a ella, entre renuncias voluntarias y relevos forzados —un éxodo que el instituto no ha explicado como una coincidencia, y que coincide en el tiempo con el avance de las investigaciones de la ASF y de la FGR.

La reacción presidencial, y por qué no es un gesto neutral

Claudia Sheinbaum avaló públicamente la renuncia de Taddei y pidió a la ASF una auditoría amplia —pero no limitada a la gestión de Taddei: la presidenta propuso extenderla también a la gestión previa de Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE identificado públicamente con posiciones críticas al gobierno federal durante su gestión. Córdova respondió que el instituto fue, durante su presidencia, una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias, y que no le teme a una nueva revisión. La disputa entre ambos introduce una segunda capa a la historia, distinta del fondo del caso Taddei: mientras las imputaciones y renuncias documentadas corresponden específicamente a contratos de la gestión más reciente, la solicitud presidencial de auditar también el periodo de Córdova no viene acompañada, hasta ahora, de evidencia pública equivalente a la que ya existe contra Taddei —lo que abre la pregunta legítima de si se trata de un ejercicio de fiscalización consistente o de una ampliación selectiva motivada por la identificación política de cada exconsejero.

Por qué esto trasciende a una persona

El caso Taddei importa más allá de la suerte personal de la exconsejera presidenta porque pone a prueba, en tiempo real, la capacidad del propio INE para autocorregirse sin depender exclusivamente de la presión externa. Que el contralor interno haya confirmado imputaciones y expedientes abiertos, en lugar de que toda la evidencia provenga de la ASF, el PAN o la prensa, es una señal de que los mecanismos internos de control del instituto no estaban completamente capturados —aunque tampoco puede descartarse que esos mismos mecanismos hayan tardado en activarse hasta que la presión pública se volvió insostenible. La diferencia entre esas dos lecturas no es menor para un órgano cuya legitimidad depende, por diseño institucional, de que el ciudadano confíe en que vigila elecciones sin depender de la voluntad política de quien gobierna en cada momento.

Lo que todavía no se puede dar por establecido

Nada de lo documentado hasta ahora —ni las 15 renuncias, ni los cinco funcionarios imputados, ni la denuncia del PAN— constituye una sentencia judicial, y la calificación de "estructura de operación criminal" que usa el PAN sigue siendo, formalmente, la interpretación de una de las partes interesadas en el proceso, no una conclusión de la FGR. Tampoco está resuelto si la petición de Sheinbaum de auditar la gestión de Córdova encontrará evidencia comparable a la que ya pesa sobre Taddei, o si se trata de una línea de investigación que termine sin hallazgos significativos. Lo que sí queda establecido, con independencia de cómo se resuelvan esas dos preguntas, es que el instituto encargado de organizar y vigilar las elecciones en México atraviesa, en este momento, la crisis de gestión más documentada de su historia reciente —y que la forma en que la resuelva, con o sin consecuencias penales reales para los involucrados, será la referencia con la que se mida la autonomía real del árbitro electoral de cara al proceso electoral que sigue.

Fuentes

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