Alcaldes de Nuevo León amenazan con frenar el presupuesto 2027 si Samuel García no paga mil millones de pesos a los municipios

Alcaldes metropolitanos de Nuevo León pidieron esta semana al Congreso local que no apruebe el Presupuesto 2027 del estado hasta que el gobierno de Samuel García liquide un adeudo con los municipios que, según distintas fuentes, supera los mil millones de pesos. No es la primera vez que este reclamo llega a la mesa: en julio de este mismo año, 18 presidentes municipales de distintos partidos ya habían denunciado formalmente una retención de hasta 1,700 millones de pesos, calificándola como el inicio de posibles acciones administrativas, financieras y hasta penales si el gobierno estatal no respondía.

Lo que los alcaldes piden, y con qué condición

La demanda de esta semana se dio en el marco de una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León. Los alcaldes plantearon una condición explícita: no respaldar la aprobación del Presupuesto 2027 mientras el adeudo siga sin resolverse. Las cifras específicas varían según la fuente consultada —La Silla Rota reporta más de mil millones de pesos correspondientes a 2025 y 2026, Consulta Monterrey habla de más de 1,200 millones, y una cobertura adicional de Horacero eleva el monto reclamado por Monterrey en particular a cerca de 1,600 millones, sumando ahí fondos del ICV y derechos de ocupación relacionados con obras del Metro—. La discrepancia entre cifras no es evidencia de que el reclamo carezca de fundamento; es, más bien, un reflejo de que distintos municipios están sumando distintos conceptos de adeudo bajo el mismo reclamo general.

Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás de los Garza, ofreció el dato que probablemente más incomoda al gobierno estatal: señaló que, en lo que va del sexenio, el gobierno de Nuevo León ha recibido más de 62,000 millones de pesos por encima de lo presupuestado, un superávit que contrasta directamente con la imposibilidad —o falta de voluntad— de liquidar un adeudo municipal que representa una fracción pequeña de esa cifra.

No es la primera vez: el antecedente de julio que nunca se resolvió

El episodio de julio de 2026 es clave para entender por qué el reclamo de esta semana no puede leerse como un hecho aislado. El 13 de julio, 18 alcaldes de Nuevo León entregaron formalmente una demanda por escrito en las oficinas de la Secretaría Particular de Gobierno del estado, con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, como vocero principal del grupo. La denuncia sumó una voz de peso nacional: Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México —es decir, una figura del PAN sin relación directa con la política interna de Nuevo León—, respaldó públicamente el reclamo con un mensaje directo: "No se vale que por diferencias políticas entre el gobernador y los presidentes municipales les retengan el recurso."

Esa frase de Tabe es, hasta donde la cobertura disponible permite confirmar, la articulación más explícita de una sospecha que varios alcaldes han insinuado sin probar directamente: que la retención de participaciones no es un simple rezago administrativo, sino una forma de presión política contra municipios gobernados por partidos distintos al de Samuel García. Ninguna fuente consultada documenta una respuesta oficial del gobierno estatal ni en julio ni en la ronda de reclamos de esta semana, un silencio que, por sí mismo, no prueba la intención política que Tabe sugiere, pero que tampoco la contradice.

Lo que está en juego más allá del dinero

El reclamo de los alcaldes no se limita a una cifra contable. Adrián de la Garza ha señalado específicamente que el estado no ha cumplido obligaciones financieras de años anteriores mientras, según su crítica, destina recursos a pintar escuelas con los colores del partido en el gobierno —una acusación que, de confirmarse con evidencia adicional, conectaría la disputa presupuestal con el mismo patrón de uso cuestionable de recursos públicos que esta publicación ha documentado en otros contextos del gobierno de Samuel García en las últimas semanas, aunque se trate de un mecanismo legal distinto: aquí no se habla de triangulación hacia terceros, sino de la simple falta de transferencia de fondos que la ley ya asigna a los municipios.

David de la Peña, alcalde de Santiago, añadió una dimensión práctica al reclamo: los municipios, dijo, han tenido que atender necesidades de salud y movilidad sin el respaldo financiero estatal correspondiente —es decir, el adeudo no es solo una cifra pendiente en un balance, sino presión operativa real sobre servicios que los ciudadanos de esos municipios ya están recibiendo, o dejando de recibir, mientras la disputa continúa sin resolverse.

Lo que todavía no se puede afirmar con certeza

Con la evidencia documentada hasta ahora, no es posible establecer si la retención de participaciones responde a un problema genuino de liquidez o calendario fiscal del gobierno estatal, o si constituye, como insinúa Tabe, una forma de presión política contra alcaldes de oposición. Lo que sí es verificable es el patrón: un reclamo formal en julio, sin respuesta pública documentada, seguido de un reclamo equivalente —y potencialmente mayor— en noviembre, en un estado cuyo propio superávit reportado durante el mismo periodo hace cada vez más difícil explicar el adeudo exclusivamente como un problema de recursos insuficientes.

Fuentes

• Alcaldes de NL exigen a Samuel García pagar mil mdp a municipios — La Silla Rota
• Alcaldes de Nuevo León acusan que Samuel García retiene más de mil 700 mdp de presupuesto: Mauricio Tabe exige reposición — Infobae
• Alcaldes de Nuevo León acusan a gobierno estatal de retener ilegalmente mil 600 mdp — Proceso
• Alcaldes de NL piden saldar deudas antes de aprobar presupuesto 2027 — Consulta Monterrey
• Samuel García dice que no tiene nada que esconder. La ASF documentó transferencias que tardaron minutos en llegar al despacho de su familia — jgonzalez.app