El gobierno presumió 2,539 detenidos y 173.7 millones de litros recuperados por huachicol fiscal. Pemex, en el mismo periodo, reportó su peor trimestre de pérdidas por el mismo delito desde que empezaron los gobiernos de Morena

El 21 de octubre, la secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó en la conferencia matutina presidencial un balance de la campaña contra el huachicol fiscal: 2,539 personas detenidas, 173.7 millones de litros de combustible recuperados, y pérdidas al erario superiores a 61,000 millones de pesos durante 2025, concentradas en 72% en el eslabón de comercialización, no en el robo físico de ducto que domina la imagen pública tradicional del huachicol. Es un balance que, leído solo, suena a una campaña con resultados operativos sustanciales. Leído junto a los propios estados financieros de Pemex del mismo periodo, cuenta una historia más incómoda: el segundo trimestre de 2026 fue, para la petrolera estatal, el peor trimestre de pérdidas por robo de combustible desde que comenzaron los gobiernos de Morena, con un costo de 9,180 millones de pesos, 20% más que el mismo periodo del año anterior.

Lo que el gobierno presentó, y lo que esa cifra sí documenta

El sistema de trazabilidad de hidrocarburos que la Secretaría de Energía ha desplegado durante los últimos meses permite, según explicó González en su presentación, detectar inconsistencias entre lo que importadores, distribuidores y gasolineras declaran formalmente y lo que efectivamente comercializan —una capacidad de detección que, hasta hace relativamente poco, no existía con esa granularidad. Ese sistema es el que produjo el dato de que 2,539 personas han sido detenidas y 173.7 millones de litros recuperados, además de identificar qué empresas específicas hicieron mal uso de sus permisos de importación o distribución, empresas que ahora, según la funcionaria, deberán responder ante las autoridades y regularizar su situación fiscal. Es, en ese sentido específico, un avance verificable: el gobierno hoy puede nombrar con precisión dónde se concentra el desbalance de combustible —comercialización, no robo de ducto—, algo que la discusión pública sobre huachicol históricamente no distinguía con esa claridad.

Lo que Pemex reportó, en el mismo mes, sobre su propio costo

Mientras el gobierno presentaba ese balance de detenciones, los estados financieros de Pemex del segundo trimestre de 2026 mostraban pérdidas operativas por robo de combustible de 9,180 millones de pesos, un alza de 20% frente a los 7,650 millones del mismo trimestre de 2025. Según una comparación citada por medios especializados, esa cifra representa, en términos reales, un incremento de 665% frente al mismo trimestre de 2019 —el punto de comparación que suele usarse para medir qué tanto ha crecido el problema durante los gobiernos de Morena—. Es, además, el peor registro trimestral desde que existe ese periodo de gobierno, superando incluso comparaciones puntuales con años anteriores que ya se consideraban particularmente dañinos. Pemex cerró el primer semestre de 2026 con un resultado neto negativo de casi 28,000 millones de pesos, aunque logró regresar a números positivos en el trimestre específico abril-junio con una utilidad de 18,024 millones de pesos —lo que significa que el costo del huachicol, por sí solo, representa una fracción considerable de la utilidad que la empresa sí logró generar en ese periodo.

Por qué estas dos cifras no se contradicen, aunque parezca que sí

Es tentador leer estas dos cifras como una contradicción que desacredita una de las dos versiones, pero no lo son necesariamente: miden cosas distintas, en marcos temporales distintos, con metodologías distintas. El balance de la Secretaría de Energía mide el resultado acumulado de una campaña de detención y recuperación —personas arrestadas, litros confiscados—, mientras que la cifra de Pemex mide el costo financiero operativo que la petrolera sigue absorbiendo de forma continua, trimestre a trimestre, independientemente de cuántas detenciones haya habido en ese periodo específico. Es perfectamente posible que ambas cifras sean ciertas al mismo tiempo: que la campaña esté deteniendo a un número creciente de personas, y que el daño financiero total siga sin bajar, si quienes son detenidos no son los actores con mayor capacidad de generar ese daño, o si la red tiene suficiente capacidad de reemplazo como para que cada detención no reduzca de forma proporcional el volumen total de la operación ilícita.

La pregunta que la comparecencia en el Senado dejó sin resolver

Durante una comparecencia reciente ante comisiones del Senado, legisladores de oposición —el panista Agustín Dorantes y la priista Anabell Ávalos, entre otros— preguntaron directamente por dos cosas que las cifras de detenciones no responden por sí solas: qué pasó con los servidores públicos del sector energético que, por acción u omisión, permitieron que la red operara durante años, y si ya se identificó quiénes son los dueños y beneficiarios reales de los negocios involucrados. Según la cobertura disponible de esa comparecencia, la funcionaria respondió de forma general, hablando de coordinación permanente con las autoridades, sin entrar al detalle específico que los legisladores pedían. Es, en sí mismo, un dato relevante: la cifra de 2,539 detenidos no distingue públicamente entre cuántos de esos detenidos son operadores de bajo nivel —choferes, empleados de gasolineras, personal de logística— y cuántos son los beneficiarios reales de más alto nivel que la pregunta del Senado buscaba identificar.

Las cifras de pérdida total, que varían según quién las calcule

Un problema adicional que complica cualquier intento de evaluar si la campaña está funcionando es que no existe una cifra consolidada y consensuada sobre el tamaño real del daño anual por huachicol fiscal. La propia Secretaría de Hacienda ha reconocido en comparecencias previas que el daño al erario podría llegar a 600,000 millones de pesos, una cifra radicalmente distinta de los 61,000 millones que la Secretaría de Energía presentó específicamente para 2025, mientras que consultoras privadas como PETROIntelligence han estimado pérdidas fiscales anuales de hasta 177,000 millones de pesos solo para 2024. Esa dispersión de cifras —desde decenas hasta cientos de miles de millones de pesos, dependiendo de qué dependencia o consultora haga el cálculo— no es un detalle técnico menor: sin una metodología oficial consolidada y consistente, resulta imposible para cualquier observador externo determinar con precisión si el problema está creciendo, disminuyendo, o simplemente se está midiendo de forma distinta cada vez que una autoridad distinta presenta una cifra.

Lo que haría falta para saber, con evidencia y no con cifras aisladas, si la estrategia funciona

Lo que permitiría evaluar con más rigor si la campaña contra el huachicol fiscal está funcionando no es ninguna de las dos cifras por separado, sino una serie de tiempo consistente que muestre, trimestre a trimestre, tanto el número de detenciones como el costo financiero real para Pemex y para el erario, usando la misma metodología de un periodo a otro. Esa serie no existe públicamente, hasta donde permite confirmar la cobertura disponible. Mientras no exista, la conversación pública seguirá oscilando entre la cifra que el gobierno elige presentar como evidencia de éxito y la cifra que la propia Pemex reporta como evidencia de que el problema, en términos financieros, todavía no cede.

Fuentes

• Huachicol fiscal: desbalance de combustibles — Expansión Política
• Gobierno reporta detenidos por contrabando de combustibles, recupera millones de litros — Por Esto
• Huachicol le pega a las finanzas de Pemex: estas son las millonarias pérdidas durante el segundo trimestre de 2026 — Infobae
• Huachicol deja pérdidas por 9 mil 180 millones a Pemex en tres meses — El Siglo de Torreón
• Aunque Pemex acumula 3.08 billones de pesos en apoyos financieros y fiscales desde 2019, el huachicol le provoca pérdidas de 101 millones de pesos al día — El Imparcial
• Huachicol fiscal: Secretaría de Energía, Luz Elena González, evita responder en el Senado — TV Azteca