México quiere ser la sala de servidores de Norteamérica, pero su red eléctrica todavía no está invitada a la conversación

Un reporte del IPADE Business School, difundido esta semana, describe una paradoja que la narrativa oficial del nearshoring mexicano rara vez menciona con esa claridad: el mismo país que en 2025 recibió una cifra récord de inversión extranjera directa —40,871 millones de dólares— tiene, simultáneamente, al 91% de sus parques industriales reportando fallas en el suministro eléctrico. La coexistencia de ambas cifras no es una curiosidad estadística. Es la evidencia más clara hasta ahora de que la infraestructura eléctrica mexicana dejó de ser un detalle operativo y se convirtió en la variable que puede determinar, en los próximos dos o tres años, cuánta de la inversión que México negocia hoy efectivamente se instala, opera a plena capacidad y se queda en el país.

Un negocio que se estaba vendiendo antes de tener la infraestructura para sostenerlo

Durante buena parte de 2025 y 2026, el discurso público sobre el nearshoring mexicano se construyó casi exclusivamente sobre las cifras de inversión comprometida: parques industriales llenos, terrenos vendidos, contratos de manufactura firmados. Lo que ese discurso tendió a dar por sentado, de forma implícita, es que la energía necesaria para operar esa nueva capacidad industrial —y, cada vez más, la capacidad de cómputo asociada a inteligencia artificial— ya estaba ahí, o llegaría a tiempo. El reporte de IPADE, junto con análisis previos de Banco Base sobre las limitaciones de la política energética mexicana para el desarrollo de centros de datos, documenta que ese supuesto era, en el mejor de los casos, optimista.

Querétaro como estudio de caso de un problema nacional

El estado de Querétaro concentra hoy alrededor de 72% de la capacidad instalada de centros de datos en México, resultado directo de inversiones de compañías como Amazon, Microsoft y Equinix en los últimos años. Esa concentración geográfica, sin embargo, expone con particular nitidez la tensión entre inversión de punta y capacidad de red: en municipios como Colón y El Marqués, donde se ubican varios de esos complejos, residentes han reportado apagones prolongados y fallas constantes en el suministro, mientras las autoridades locales muestran, según reportes de organizaciones como Oxfam México, una inclinación clara a priorizar las necesidades eléctricas de las empresas privadas sobre las de la población residente. No es un problema exclusivo de Querétaro —es, más bien, el estado donde la concentración de demanda hizo visible primero una tensión que existe, en distintos grados, en cualquier corredor industrial mexicano con ambiciones de atraer cómputo intensivo.

La respuesta del sector privado, y por qué no es una solución completa

Frente a la insuficiencia de la red pública, el sector de centros de datos ha empezado a construir sus propias subestaciones eléctricas privadas, una solución que resuelve el problema de forma parcial y a un costo considerablemente más alto que depender de la red nacional. CloudHQ, por ejemplo, anunció una inversión de 4,800 millones de dólares para construir seis centros de datos en Querétaro con una capacidad eléctrica combinada de hasta 900 megavatios, un proyecto que por su escala probablemente requiere de generación e infraestructura de transmisión dedicada más que de la red compartida. Esa estrategia funciona para los jugadores con el capital suficiente para pagarla, pero desplaza el problema en lugar de resolverlo: eleva la barrera de entrada para operadores medianos, y no atiende la falla estructural de fondo, que es la insuficiencia de la red pública para sostener el crecimiento agregado que el propio gobierno dice estar buscando.

Lo que la CFE ya está haciendo, y por qué probablemente no alcanza al ritmo actual

La Comisión Federal de Electricidad no ha ignorado el problema: la empresa planea sumar 4.5 gigavatios de capacidad adicional antes de 2027, mediante plantas de ciclo combinado y proyectos solares concentrados principalmente en el norte del país, con el objetivo explícito de evitar apagones y capturar la ola de inversión asociada al nearshoring, que distintas proyecciones estiman podría sumar hasta 50,000 millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa en los próximos años. El problema de esa respuesta no es de intención, sino de sincronización: construir y poner en operación nueva capacidad de generación y, más críticamente, la infraestructura de transmisión que conecta esa generación con los centros de demanda, toma años, mientras que las decisiones de inversión de compañías tecnológicas y manufactureras se están tomando ahora, con información sobre la confiabilidad de la red mexicana disponible hoy, no la que existirá cuando la CFE complete su plan de expansión.

La contradicción declarada del propio gobierno

La tensión no es solo de infraestructura, es también de narrativa oficial. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente que México no debería aspirar a ser, en sus palabras, "el centro de datos de otros lugares del mundo", precisamente porque esa actividad consume cantidades desproporcionadas de energía y agua en relación con el empleo y el valor agregado que genera dentro del país. Es una posición defendible desde una lógica de soberanía energética y uso eficiente de recursos escasos, pero coexiste de forma incómoda con la promoción activa que el propio gobierno hace del nearshoring como estrategia central de política económica, y con el hecho de que buena parte de la inversión en centros de datos que ya se instaló en el país —Querétaro, Guadalajara, Aguascalientes— ocurrió bajo ese mismo gobierno o su antecesor inmediato. Un país no puede, de forma sostenible, cortejar la inversión en infraestructura digital intensiva en energía y al mismo tiempo cuestionar públicamente la lógica de esa misma inversión, sin que el mensaje contradictorio termine afectando la confianza de los inversionistas que están evaluando dónde poner su próximo proyecto.

Lo que distingue este cuello de botella de otros que México ya ha resuelto

México tiene, en su historia reciente, un historial razonable de resolver cuellos de botella de infraestructura cuando la presión de inversión es suficientemente alta —carreteras, puertos, ciertos corredores logísticos se han modernizado en respuesta a demanda industrial creciente—. La diferencia con la infraestructura eléctrica es la escala del capital y el tiempo de maduración que exige: una carretera se amplía en meses o pocos años con inversión relativamente modesta; una planta de generación de ciclo combinado, una línea de transmisión de alta tensión o una subestación de la escala que exige un clúster de centros de datos toman años de planeación, permisos y construcción, y requieren montos de inversión que superan, por un margen considerable, lo que ha movilizado la modernización de infraestructura de transporte. Esa diferencia de escala y tiempo es, precisamente, la que explica por qué el problema eléctrico no se resuelve con la misma velocidad con la que llegan los anuncios de inversión.

Lo que las empresas que ya decidieron invertir en México necesitan monitorear

Para cualquier compañía que ya comprometió capital en infraestructura de cómputo o manufactura intensiva en energía dentro de México, la pregunta relevante para los próximos dos años no es si el país sigue siendo un destino atractivo en términos de costo laboral, cercanía geográfica o marco arancelario bajo el T-MEC —esas ventajas siguen siendo reales—, sino si la confiabilidad del suministro eléctrico en la región específica donde operan va a sostener sus planes de expansión sin obligarlas a asumir el costo adicional de generación privada. Esa evaluación, más que cualquier discurso sobre inversión récord, es la que probablemente va a determinar cuánta de la próxima ola de capital que México negocia hoy se traduce en operaciones a plena capacidad, y cuánta se redirige, silenciosamente, hacia países vecinos con redes eléctricas menos congestionadas.

Vale la pena notar, además, que la señal de alarma en este caso no vino de un crítico externo del modelo económico mexicano, sino de una escuela de negocios —IPADE— y de análisis del sector financiero doméstico como Banco Base, instituciones que difícilmente pueden acusarse de sesgo contra la inversión extranjera o el nearshoring como estrategia. Que el diagnóstico de insuficiencia eléctrica venga de dentro del propio ecosistema empresarial mexicano, y no solo de activistas o de la prensa internacional, debería darle más peso institucional a la discusión, no menos. La pregunta abierta es si ese diagnóstico se traduce en una aceleración real de la inversión pública y privada en generación y transmisión, o si se queda como una advertencia más dentro de un ciclo de reportes que documentan el problema sin que la brecha entre demanda proyectada y capacidad instalada se reduzca de forma medible en los próximos trimestres.

La pregunta que el discurso de inversión récord todavía no responde

Ningún reporte de inversión extranjera directa, por histórico que sea, resuelve por sí mismo la pregunta de si la red eléctrica que sostiene esa inversión va a estar lista cuando las plantas y los centros de datos necesiten operar a su capacidad plena. México ha demostrado, durante los últimos años, que puede atraer el capital. Lo que todavía no ha demostrado, de forma consistente y verificable en el terreno, es que puede electrificarlo al mismo ritmo al que lo atrae —y esa brecha, más que cualquier otro factor, es la que va a determinar si la próxima fase del nearshoring se parece a una historia de éxito industrial sostenido o a una de inversión comprometida que tardó más de lo prometido en encender las luces.