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Fintech

México quiere ser el próximo Brasil de los pagos digitales, pero ya lo intentó una vez y fracasó

El gobierno mexicano prepara para septiembre un ecosistema unificado de pagos digitales con QR, inspirado en el Pix brasileño y el UPI indio, apenas semanas después de que Banxico reconociera que CoDi —su intento anterior con la misma tecnología— fue usado alguna vez por apenas 1% de la población mexicana, frente a 82% en Brasil.

Jesús Mario González Siller14 de septiembre de 20268 min de lectura
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El gobierno mexicano prepara, para este mes de septiembre, el lanzamiento de un ecosistema unificado de pagos digitales basado en códigos QR, explícitamente inspirado en los modelos de Brasil y la India, con el objetivo declarado de resolver las fricciones de las transferencias electrónicas actuales y facilitar pagos cotidianos —una comida, un estacionamiento— con solo escanear un código. Es, en esencia, la misma promesa que Banco de México hizo en 2019 con el lanzamiento de CoDi, su plataforma de Cobro Digital, que después de seis años de operación ha sido usada alguna vez por apenas 1% de la población mexicana, según un estudio del propio Banxico, frente a un Pix brasileño que hoy usa 82% de la población y 84% de las empresas del país. La pregunta que ese contraste obliga a hacer no es si México puede construir la tecnología necesaria para un sistema de pagos instantáneos —ya la construyó, y fracasó en su adopción—, sino si esta vez va a corregir las razones específicas, ya documentadas con detalle, por las que la primera versión nunca despegó.

Un fracaso ya diagnosticado, no un misterio

Lo notable del caso CoDi es que su fracaso no es un enigma sin explicación: el propio Banxico encargó y publicó un estudio que identifica, con bastante precisión, por qué la plataforma nunca alcanzó una masa crítica de usuarios. De 21.8 millones de cuentas validadas en el sistema, menos de 2.5 millones llegaron a realizar al menos un pago, y poco más de un millón recibieron al menos un cobro —una tasa de conversión de cuenta registrada a usuario activo que cualquier producto digital consideraría un fracaso rotundo. Las razones documentadas incluyen, en primer lugar, un desconocimiento generalizado del producto: buena parte de la población bancarizada ni siquiera sabía que CoDi existía, y quienes sí lo sabían no entendían cómo completar una operación de cobro. En segundo lugar, una ausencia casi total de percepción de valor agregado, porque el usuario promedio no tiene visibilidad de los costos que un comercio ya paga por aceptar tarjetas, y por tanto no percibe el ahorro que un pago QR directo podría representarle. En tercer lugar, una dependencia de conexión a internet que resulta limitante en un país donde más de 80% de las líneas telefónicas operan bajo esquemas de prepago, con usuarios que cuidan activamente su consumo de datos.

El incentivo que nadie diseñó del lado correcto

El factor más revelador de todos, sin embargo, no es de comportamiento del consumidor sino de economía de plataforma: las instituciones financieras mexicanas nunca tuvieron un incentivo real para promover CoDi, porque el sistema, por diseño, no genera comisiones para los bancos. Un banco que gana dinero cada vez que un cliente paga con tarjeta de crédito o débito no tiene ningún motivo comercial para educar activamente a ese mismo cliente sobre una alternativa gratuita que elimina esa comisión. Es la misma lógica, aplicada al sector financiero, que explica por qué tantas innovaciones tecnológicas con beneficio social claro fracasan cuando dependen de que el intermediario que más se beneficia del statu quo sea también quien debe promoverlas activamente. A eso se suman factores de contexto que, aunque no sean atribuibles al diseño del producto, sí ayudan a explicar la magnitud del fracaso: la pandemia de covid-19 golpeó justo cuando CoDi apenas empezaba a difundirse, la informalidad laboral que domina una porción mayoritaria de la economía mexicana favorece estructuralmente el efectivo sobre cualquier medio de pago rastreable, y el miedo a la fiscalización del SAT desincentiva a comercios pequeños de aceptar pagos que dejan un rastro digital verificable.

Por qué Pix sí funcionó con la misma tecnología subyacente

Lo que hace este contraste particularmente instructivo es que Pix y CoDi comparten, en esencia, el mismo mecanismo técnico: transferencias instantáneas mediante código QR, liquidadas en tiempo real, sin necesidad de intermediarios de tarjeta. La diferencia no estuvo en la tecnología, sino en el diseño institucional alrededor de ella. El Banco Central de Brasil impuso Pix como una obligación regulatoria para las instituciones financieras de cierto tamaño, eliminando la opción de que los bancos simplemente ignoraran la plataforma como ocurrió con CoDi en México. Brasil acompañó el lanzamiento con una campaña de comunicación masiva y sostenida, y diseñó una experiencia de usuario que no dependía de que el consumidor entendiera la arquitectura técnica detrás del sistema, solo que escanear un código resultaba más rápido y más barato que cualquier alternativa disponible. El resultado, medido en cifras, es contundente: Pix movió 35.3 billones de reales en 2025, un incremento de 33% frente al año anterior, con más de 7,000 millones de transacciones realizadas solo en enero de 2026, un volumen equivalente a casi tres veces el producto interno bruto brasileño en un único mes de operación del sistema. Pix se convirtió, en menos de cinco años, en el segundo sistema de pagos instantáneos más usado del mundo, solo detrás del UPI indio, que después de una década de operación se aproxima al billón de transacciones anuales y ya opera en ocho países fuera de la India, incluyendo Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Francia.

La nueva apuesta mexicana, con un nombre distinto y la misma pregunta pendiente

El relanzamiento mexicano llega empaquetado dentro de la Ley de Economía Digital que el gobierno de Sheinbaum ya adelantó como parte del Paquete Económico 2027, con el objetivo explícito de reducir de manera gradual el uso de efectivo en las transacciones económicas del país, y con nuevas reglas de homologación de experiencia de usuario que ya contemplan de forma explícita a CoDi como componente del ecosistema, en lugar de sustituirlo por completo. Banxico, por su parte, ya aprobó medidas para simplificar y estandarizar la experiencia de envío de transferencias electrónicas y amplió los niveles de operación permitidos para cuentas de depósito a la vista, movimientos regulatorios que apuntan en la dirección correcta pero que, por sí solos, no resuelven el problema estructural de incentivos que documentó el propio estudio de Banxico sobre el fracaso original. Reportes recientes ya describen el intento como un relanzamiento bajo una marca distinta, con el gobierno reconociendo abiertamente que "CoDi está en coma" y mirando de manera explícita hacia el modelo brasileño como referencia de diseño, una señal de que la autocrítica institucional sobre el fracaso previo existe, aunque todavía no está claro si se traduce en los cambios de incentivos —obligatoriedad regulatoria para bancos, campaña de comunicación masiva, eliminación de la fricción de datos móviles— que la evidencia comparada sugiere que son la variable que realmente importa.

Lo que este segundo intento necesita resolver, y lo que probablemente no puede resolver por decreto

La comparación con Brasil ofrece una hoja de ruta razonablemente clara de lo que un sistema de pagos digitales exitoso requiere: obligatoriedad regulatoria en lugar de adopción voluntaria por parte de la banca, un diseño de experiencia de usuario que no dependa de conocimiento técnico previo, y una campaña de comunicación sostenida que resuelva el problema de desconocimiento que documentó el propio estudio de Banxico. Ninguno de esos tres elementos es, en principio, imposible de replicar en México, y las señales regulatorias recientes sugieren que el gobierno está, al menos parcialmente, aprendiendo esa lección. Lo que ningún rediseño tecnológico ni campaña de comunicación puede resolver por decreto, sin embargo, son los dos factores estructurales que están fuera del control directo de cualquier plataforma de pagos: la tasa de informalidad laboral mexicana, que ronda 55% según cifras que este mismo blog ha documentado, y que favorece de manera estructural el efectivo como medio de pago precisamente porque no deja el rastro fiscal que un pago digital sí genera; y el temor a la fiscalización del SAT entre comercios pequeños, que persiste como un desincentivo racional para adoptar cualquier medio de pago rastreable, independientemente de qué tan bien diseñada esté la aplicación que lo soporte.

La pregunta que el relanzamiento todavía no responde

El gobierno mexicano tiene, esta vez, el diagnóstico correcto sobre la mesa —un estudio del propio banco central que documenta con precisión por qué el primer intento fracasó—, y tiene un modelo de referencia exitoso, verificable y geográficamente cercano en el Pix brasileño. Lo que todavía no queda claro, a partir de los anuncios disponibles hasta ahora, es si el nuevo ecosistema de pagos digitales va a corregir la asimetría de incentivos que hundió a CoDi —bancos sin motivo comercial para promoverlo— con la misma contundencia regulatoria que usó el Banco Central de Brasil, o si va a repetir el patrón de una tecnología técnicamente sólida lanzada sobre un terreno institucional que nunca estuvo diseñado para hacerla funcionar. La diferencia entre esos dos escenarios no se va a conocer en el lanzamiento de septiembre, sino en los meses siguientes, cuando sea posible medir si las cuentas validadas del nuevo sistema empiezan a convertirse en pagos reales a un ritmo distinto al 11% de conversión que caracterizó al experimento anterior.

Fuentes

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