El órgano que iba a disciplinar a jueces corruptos acumula 248 casos — varios contra quienes fallaron en contra de la reforma judicial que lo creó

El Tribunal de Disciplina Judicial —el órgano de nueva creación, surgido de la reforma judicial de 2024 y electo por voto popular en 2025, cuyas resoluciones son inapelables por diseño— acumula ya 248 casos contra jueces, magistrados, secretarios y personal administrativo del Poder Judicial, según un conteo documentado por El Universal el 8 de octubre y reproducido el mismo día por Vanguardia, El Porvenir, Índice Político y TV Azteca. Entre esos 248 expedientes está uno con un peso simbólico particular: el de Martha Eugenia Magaña López, exjueza Quinta de Distrito en Morelos, cuya resolución de agosto de 2024 frenó, por la vía de un amparo, la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados —la misma reforma que, meses después, creó al Tribunal que hoy la investiga.

Lo que Magaña realmente hizo, y por qué un tribunal colegiado la respaldó

El 31 de agosto de 2024, Magaña otorgó una suspensión provisional —ratificada como definitiva entre el 2 y el 4 de septiembre— dentro del amparo 1251/2024, que frenó temporalmente la discusión y votación de la reforma judicial en el Congreso. No fue una decisión aislada ni jurídicamente excéntrica: un tribunal colegiado revisó esa suspensión y la confirmó por unanimidad, el tipo de respaldo institucional que, en la práctica judicial mexicana, suele interpretarse como validación de que una resolución tuvo sustento legal razonable, más allá de si resultó políticamente incómoda para quien empujaba la reforma. Magaña ya estaba retirada del cargo y no participó en la elección judicial de 2025 que renovó buena parte del Poder Judicial bajo las nuevas reglas. El 11 de marzo de 2026 —un año y medio después de su resolución original— el Tribunal de Disciplina Judicial abrió procedimiento en su contra.

La cifra que el propio Tribunal reconoce, y la que todavía no se explica

El magistrado Rufino H. León Tovar, integrante del TDJ, ha dado cifras concretas sobre el volumen de trabajo del órgano: al 1 de septiembre de 2026, 75 servidores públicos tenían resolución firme, con 95 sanciones impuestas en total —destituciones, inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones—, mientras que los otros 173 casos siguen en investigación formal o procedimiento administrativo sin resolución definitiva. Es un volumen de actividad disciplinaria considerable para un órgano con poco más de un año de operación, y la pregunta que ese volumen por sí solo no responde es cuántos de esos 248 casos corresponden a conducta genuinamente irregular —corrupción, nepotismo, negligencia comprobada— y cuántos, como el de Magaña, corresponden a jueces y magistrados cuyo único denominador común identificable es haber emitido resoluciones que, en algún momento, contrariaron al proyecto político que impulsó la propia reforma judicial.

Por qué la facultad legal no agota la pregunta de legitimidad

Vale la pena ser precisos sobre lo que está y no está en disputa. Nadie cuestiona seriamente que el TDJ tenga, por diseño explícito de la reforma de 2024, la facultad legal de investigar y sancionar a integrantes del Poder Judicial —esa es, literalmente, la razón por la que se creó, y sus facultades fueron validadas mediante una elección popular en 2025. Lo que está en disputa es algo distinto: si el ejercicio de esa facultad, cuando se concentra de forma visible sobre jueces que fallaron en contra del proyecto de reforma, sin que exista evidencia pública de un patrón equivalente de escrutinio hacia quienes fallaron a su favor, sigue siendo disciplina judicial neutral o se convierte, en los hechos, en un mecanismo de represalia que usa el lenguaje y el procedimiento de la legalidad para lograr un resultado político. Esa distinción —entre tener la facultad y ejercerla de forma proporcional y pareja— es exactamente el tipo de pregunta que un órgano cuyas resoluciones son inapelables no puede permitirse dejar sin responder, porque no existe una siguiente instancia a la que un juez sancionado pueda apelar para que alguien más la responda por él.

La respuesta gremial, y lo que revela sobre el estado de ánimo del Poder Judicial

El 8 de octubre, jueces activos y retirados se manifestaron en las oficinas del TDJ en respaldo a Magaña —una protesta que, por sí sola, es un dato político relevante independientemente de si el procedimiento en su contra termina en sanción o en absolución. Un gremio judicial que se organiza públicamente para respaldar a una colega investigada está señalando algo que trasciende el caso individual: una percepción extendida, dentro del propio Poder Judicial, de que el mecanismo disciplinario que se suponía debía restaurar confianza en la justicia mexicana se está usando, en la práctica, de una forma que genera el efecto contrario —no depurar al sistema de mala conducta genuina, sino intimidar a quienes podrían, en el futuro, fallar de forma independiente frente a decisiones del gobierno en turno.

El contexto más amplio que hace este caso más urgente, no menos

Este episodio no ocurre en un vacío de confianza institucional. El informe Latinobarómetro 2026 registra una caída de la confianza en los partidos políticos mexicanos de 30% en 2024 a apenas 18% en 2026 —una contracción que, aunque mide a los partidos y no directamente al Poder Judicial, describe un entorno general de erosión en la confianza institucional del país. Un Tribunal de Disciplina Judicial que opera con resoluciones inapelables, en ese mismo entorno, enfrenta una exigencia de transparencia y proporcionalidad más alta, no más baja: cuanto menos confianza institucional acumulada tiene un país, más cuidado necesita cualquier órgano nuevo con poder concentrado y sin contrapesos para no confirmar, con su propio comportamiento, la sospecha de que el poder disciplinario simplemente cambió de manos sin cambiar de lógica.

Lo que todavía no se puede afirmar con certeza

Es importante no sobrepasar lo que la evidencia disponible permite afirmar. No hay una fuente independiente que confirme el origen exacto de cada una de las 248 denuncias acumuladas, ni un desglose público que permita distinguir con precisión cuántos de esos casos involucran acusaciones de corrupción genuina frente a cuántos están vinculados, directa o indirectamente, a resoluciones políticamente incómodas para la reforma. Las cifras de actividad del Tribunal provienen, hasta ahora, principalmente de declaraciones de su propio magistrado, no de un informe público auditado de forma independiente. Esa ausencia de desglose transparente no prueba, por sí sola, que el Tribunal esté actuando de mala fe —pero sí es, en sí misma, parte del problema: un órgano sin apelación que tampoco ofrece transparencia granular sobre los criterios que usa para abrir un caso le pide a la ciudadanía una confianza que todavía no ha hecho nada concreto por ganarse.

Fuentes

• Desatan cacería contra jueces antiacordeón; magistrados, jueces y personal administrativo pagan platos rotos — El Universal
• Arman "cacería administrativa" contra jueces antirreforma judicial — Vanguardia
• Investiga Tribunal de Disciplina a 248 funcionarios judiciales — El Porvenir
• Tribunal de Disciplina Judicial acumula 248 casos contra integrantes del Poder Judicial — Índice Político
• Protestan en el Tribunal Disciplina en respaldo a Martha Magaña, exjueza "perseguida" — TV Azteca