Opinión

Samuel García faltó por cuarta vez consecutiva a su informe ante el Congreso de Nuevo León. El propio gobierno admite que esta vez sí incumplió el plazo

El gobernador de Nuevo León no acudió a la sesión solemne del Congreso estatal del 14 de octubre para presentar su Quinto Informe de Gobierno —la cuarta vez consecutiva que falta a esa comparecencia—, y la presidenta del Congreso instruyó que quedara constancia de un incumplimiento al artículo 79 de la Constitución local. El propio gobierno de García reconoció, por escrito, que el documento se entregaría hasta el 15 de octubre.

En una mirada
4ª vezConsecutiva que Samuel García falta a la sesión solemne de su informe anual ante el Congreso de NL2023-2026
13Expedientes que la Comisión Anticorrupción del Congreso confirmó como presuntas violaciones a la ley por parte del gobernadormayo 2026 · El Financiero
1 vezQue Samuel García se ha presentado en persona ante el pleno del Congreso a rendir un informe, desde 2021
La tesis del artículo

Que un gobernador decline presentarse ante el Congreso a rendir cuentas, una sola vez, podría explicarse por una agenda inoportuna; que lo haga cuatro veces consecutivas, con un oficio de su propio gobierno que admite el retraso, documenta algo distinto a un desacuerdo legal sobre fechas: una decisión sostenida de tratar la comparecencia presencial como opcional. Eso no prueba que el Quinto Informe en sí mismo oculte algo —el documento, según el propio gobierno, sí se entregó dentro del plazo que ellos interpretan válido—, pero sí documenta que la obligación de comparecer en persona ante el Poder Legislativo se ha vuelto, en la práctica, una norma que este gobierno no considera vinculante.

El miércoles 14 de octubre, el Congreso de Nuevo León celebró la sesión solemne en la que, por ley, el gobernador debe comparecer en persona para rendir su informe anual de gobierno. Samuel García no asistió. En su lugar, el Congreso recibió un oficio firmado por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, en el que el propio gabinete estatal reconoció que el Quinto Informe se entregaría hasta el jueves 15 de octubre —un día después de la fecha en que, según la presidenta del Congreso, Perla Villarreal, la Constitución local obliga a que esa entrega ya haya ocurrido. Villarreal instruyó a la Oficialía Mayor que quedara constancia en actas de lo que calificó como un incumplimiento del artículo 79 de la Constitución de Nuevo León. Es, según el conteo del propio Congreso, la cuarta vez consecutiva que el gobernador falta a esta comparecencia desde que asumió el cargo en 2021.

Lo que dice la ley, y dónde está la disputa real

El artículo 79 de la Constitución de Nuevo León establece que el Congreso debe convocar, durante la primera quincena de octubre de cada año, a una sesión solemne a la que el titular del Poder Ejecutivo estatal debe acudir en persona para presentar su informe de gobierno. La disputa de esta semana no es sobre si existe esa obligación —ambas partes la reconocen—, sino sobre su interpretación de calendario: el Congreso sostiene que la sesión del 14 de octubre era la fecha límite dentro de esa primera quincena, y que la ausencia del gobernador en ella, sin importar que el documento llegara al día siguiente, ya constituye el incumplimiento. El gobierno estatal, por su parte, argumenta en el oficio que el 15 de octubre todavía cae dentro del margen que la Constitución permite. Ninguna de las dos lecturas requiere inventar un hecho: lo que sí es un hecho verificable, y no una interpretación, es que el gobernador no estuvo presente en el recinto legislativo el día de la sesión convocada para recibirlo.

Por qué "cuarta vez" no es una cifra retórica

Lo que distingue este episodio de un simple desacuerdo de calendario es que no es el primero. Según el conteo que el propio Congreso de Nuevo León ha hecho público en coberturas de prensa de esta semana, esta es la cuarta ocasión consecutiva —una por cada año de su gestión, desde 2022— en que Samuel García falta a la sesión solemne de su informe anual. Una fuente periodística consultada señala que, desde que rindió su primer informe en 2021 —el único que ha presentado en persona ante el pleno—, el gobernador no ha vuelto a comparecer físicamente. En 2023, por ejemplo, presentó su Segundo Informe de Gobierno de forma remota, desde Japón, según una cobertura de Publimetro de esa fecha. El patrón, visto en conjunto, no describe una ausencia puntual justificable por una agenda inoportuna: describe una decisión sostenida, año tras año, de no tratar la comparecencia presencial como una obligación ineludible.

El contexto que hace esto más que un asunto de protocolo

Esta falta no ocurre en un vacío institucional. En mayo de 2026, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León confirmó 13 expedientes relacionados con presuntas violaciones a la ley por parte del gobernador, como parte de un proceso para evaluar el inicio de juicios políticos en su contra, con base en resoluciones previas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ya habían determinado que García incumplió plazos legales de difusión de informes de labores en años anteriores. La Comisión votó con el respaldo de legisladores del PAN, PRI y PRD, mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano —el partido del gobernador— votó en contra. Ese mismo mes, el Congreso envió 59 requerimientos oficiales a dependencias estatales para integrar los expedientes correspondientes. Ninguno de esos procesos ha derivado todavía, hasta donde las fuentes disponibles permiten confirmar, en una sanción firme contra el gobernador —pero sí establecen que la ausencia de esta semana se suma a un historial ya documentado de fricciones formales entre el Ejecutivo estatal y el Legislativo sobre el cumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas.

Lo que el Quinto Informe sí trae, más allá de la polémica por la fecha

Vale la pena separar la disputa sobre la comparecencia del contenido mismo del informe, que el gobierno de García defendió activamente los días previos. El 7 de octubre, el gobernador difundió un mensaje previo a la entrega en el que respondió directamente a acusaciones de corrupción que han rodeado a su administración —incluyendo, aunque no se menciona explícitamente en esa respuesta, el señalamiento reciente sobre pagos de una empresa bajo investigación por huachicol fiscal al despacho de su propio padre, cubierto en esta misma columna a fines de septiembre—. El 15 de octubre, en paralelo a la entrega formal del informe, el gobierno anunció el programa "Ponte Nuevo", un esquema para reducir o condonar adeudos, multas y recargos fiscales estatales, cuyos detalles específicos se presentarán hasta el 21 de octubre. Es, en ese sentido, una semana en la que el gobierno estatal buscó activamente controlar la narrativa pública con anuncios de política, mientras simultáneamente enfrentaba un señalamiento formal de incumplimiento constitucional por parte del propio Congreso.

La pregunta que queda planteada hacia 2027

Samuel García confirmó también esta semana que Movimiento Ciudadano evalúa alrededor de diez perfiles para la sucesión gubernamental de 2027, y descartó explícitamente a su esposa, Mariana Rodríguez, como una de las opciones —la definición del candidato del partido se espera para enero o febrero de 2027—. Ese dato, aparentemente desconectado del episodio del informe, no lo está del todo: un gobernador que durante cuatro años consecutivos ha evitado la comparecencia presencial más visible de rendición de cuentas de su cargo deja, al cierre de su gestión, una pregunta abierta sobre qué estándar de interacción directa con el Poder Legislativo hereda a quien lo suceda, más allá de qué nombre resulte elegido.

Fuentes

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