México desapareció al organismo que evaluaba sus programas sociales. El más grande de todos, una pensión de la que dependen 4.7 millones de adultos mayores, ya no tiene quién lo audite con independencia

Son dos hechos que ocurrieron en paralelo, sin que ninguno fuera diseñado en función del otro, y que terminaron produciendo una combinación que vale la pena examinar con cuidado. Por un lado, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores —el apoyo bimestral no contributivo que reciben todos los mexicanos de 65 años o más, sin importar su nivel de ingreso— se consolidó como el programa social individual más grande de México: 13.2 millones de beneficiarios, un presupuesto de 527,000 millones de pesos para 2026, más de la mitad de todo lo que el gobierno federal etiqueta como "Programas para el Bienestar". Por otro lado, en diciembre de 2024 y junio de 2025, el Estado mexicano desapareció al organismo que, durante más de una década, había tenido la tarea específica de evaluar con independencia técnica si programas como este funcionan como se supone que deben funcionar.

Por qué el tamaño del programa no es, por sí solo, el problema

Antes de entrar en la pregunta institucional, vale la pena ser justos con la evidencia que sostiene la existencia del programa. De los 9.6 millones de mexicanos de 65 años o más, solo 2.9 millones —31%— tienen acceso a una pensión contributiva del IMSS o el ISSSTE, el tipo de pensión que se construye a partir de décadas de empleo formal. Los otros 4.7 millones —49% del total— dependen de esta pensión no contributiva como ingreso. La razón de fondo no es un defecto de diseño del programa: es la informalidad laboral estructural de la economía mexicana, que deja a más de la mitad de la población económicamente activa fuera del sistema de pensiones contributivas durante su vida laboral. Según un análisis de investigadores del CIDE, entre quienes cotizan bajo el esquema de cuentas individuales vigente desde 1997, apenas 4% alcanzará las semanas de cotización necesarias para acceder siquiera a una pensión mínima garantizada. Visto así, la pensión universal no es un programa que compite con el sistema contributivo tradicional: es, para la mayoría de los adultos mayores de este país, el único sistema de pensiones que realmente existe en la práctica.

El organismo que desapareció, y a quién le tocó la herencia

CONEVAL —el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social— fue, desde su creación, el organismo constitucional autónomo encargado de medir la pobreza en México y de evaluar con metodología técnica si los programas sociales federales cumplían sus objetivos. El 20 de diciembre de 2024, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación derogó el apartado constitucional que le daba autonomía, como parte de una reforma más amplia que eliminó varios organismos autónomos del Estado mexicano. Seis meses después, en un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó el 23 y 24 de junio de 2025 —con 353 votos a favor de Morena, el PT y el Verde, y 126 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— las leyes secundarias que hicieron operativo ese cambio; el Senado lo avaló dos días después. Las funciones de medición de pobreza y evaluación de política social pasaron formalmente al INEGI, no a la Secretaría de Bienestar —una distinción importante, porque el INEGI es técnicamente una institución con mayor reputación de rigor metodológico que casi cualquier otra dependencia del gobierno mexicano.

Por qué la identidad de quien hereda la función sí importa

Aquí vale la pena resistir dos lecturas igualmente simplistas. La primera —"esto es simplemente el gobierno evaluándose a sí mismo"— no es del todo precisa: el INEGI, aunque forma parte del aparato del Estado mexicano, no es la Secretaría de Bienestar operando el programa y midiendo su propio éxito; es una institución técnica distinta, con una cultura profesional de medición estadística que existe independientemente de qué partido gobierne. La segunda lectura —"no hay ningún problema mientras la institución que evalúa sea técnicamente competente"— tampoco resiste un examen cuidadoso: la independencia de un organismo evaluador no depende únicamente de la calidad técnica de su personal, sino de su estructura institucional frente a presiones políticas de corto plazo. Un órgano constitucional autónomo, por diseño, tiene mecanismos de protección frente a esas presiones —presupuesto protegido, nombramientos escalonados, mandatos que trascienden administraciones— que una entidad dentro del Poder Ejecutivo, por más prestigio técnico que tenga, estructuralmente no posee de la misma manera.

Lo que todavía no sabemos sobre cómo operará esta evaluación

Una limitación honesta de este análisis es que la reforma es demasiado reciente para que exista evidencia observable de cómo, en la práctica, el INEGI va a ejercer esta nueva función de evaluación de programas sociales —distinta de su trabajo histórico de medición estadística pura—. No hay todavía una evaluación de impacto del INEGI sobre la Pensión para el Bienestar que se pueda comparar contra el tipo de evaluaciones que CONEVAL publicaba regularmente. Es precisamente esa ausencia la que vale la pena señalar: no como prueba de que el nuevo arreglo institucional fallará, sino como el vacío de información que existe justo en el momento en que el programa social que más dinero público mueve en todo el país empezó a operar sin el mecanismo de verificación independiente que tenía durante más de una década.

La auditoría que sí existe, y lo que no cubre

Vale la pena ser precisos sobre qué tipo de supervisión sí sigue existiendo. La Auditoría Superior de la Federación revisó el ejercicio presupuestal del programa en 2023, confirmando que el gasto se ajustó a la normativa aplicable —es decir, que el dinero se gastó conforme a las reglas, no que llegó a quien más lo necesitaba de la forma más eficiente posible. Esa distinción es crucial: una auditoría de ejercicio presupuestal verifica el cumplimiento de reglas de gasto; una evaluación de impacto, del tipo que hacía CONEVAL, pregunta algo distinto —si el diseño del programa, su cobertura y su focalización producen el resultado social que se busca, y si existen formas más eficientes de lograr ese mismo resultado con el mismo presupuesto. La Secretaría de Bienestar sostiene que el padrón de beneficiarios se actualiza cada tres meses y es de consulta pública, lo cual atiende la pregunta de transparencia operativa, pero no sustituye una evaluación independiente de impacto social.

Por qué la escala del programa hace esta pregunta más urgente, no menos

El argumento más fácil de hacer a favor de relajar el rigor evaluatorio de cualquier programa social es que el escrutinio excesivo ralentiza la entrega de ayuda a quien la necesita con urgencia. Es un argumento legítimo en programas pequeños y experimentales. Pero se vuelve más difícil de sostener exactamente en el caso contrario: un programa que ya mueve 527,000 millones de pesos al año, consolidado y sin fecha de expiración previsible, es precisamente el tipo de gasto público donde una desviación de eficiencia de apenas unos puntos porcentuales representa, en términos absolutos, miles de millones de pesos que podrían, en teoría, llegar a más personas o llegar de forma más efectiva a las mismas personas que ya reciben el apoyo. Cuanto más grande se vuelve un programa social, más caro se vuelve el costo de no saber con certeza técnica independiente si está funcionando de la mejor manera posible.

Lo que queda por verificar antes de que esta historia tenga un final claro

Lo que distingue a este caso de una simple controversia de reforma institucional es que todavía está en desarrollo: el INEGI apenas empieza a ejercer una función para la que no fue diseñado originalmente, no existe aún una evaluación comparable a las que CONEVAL producía, y no hay manera de saber todavía si la ausencia de un organismo constitucionalmente autónomo terminará traduciéndose en evaluaciones más laxas, en evaluaciones igualmente rigurosas bajo una nueva instancia, o en algo intermedio que todavía no tiene precedente claro en la experiencia mexicana. Lo que sí es verificable hoy es que 4.7 millones de personas dependen de este programa como ingreso principal, que su presupuesto seguirá creciendo —el paquete económico ya proyecta cerca de 1.025 billones de pesos para el conjunto de programas de bienestar en 2027—, y que la pregunta de si ese crecimiento se está traduciendo en el mejor uso posible del dinero público quedó, por ahora, sin el mecanismo independiente que durante más de una década tuvo la tarea específica de responderla.

Fuentes

• Oficial: reforma constitucional que desaparece órganos autónomos — IDC Online
• Aprueban en Diputados desaparición del CONEVAL; evaluaciones pasarán al INEGI — El Imparcial
• Senado avala la desaparición de CONEVAL — Expansión Política
• Pensión adultos mayores Bienestar: montos 2026 — Expansión
• Conoce los montos oficiales de pensiones y becas Bienestar en 2026 — Uno TV