Colapsa Ueno Bank, el mayor banco digital de Paraguay: el presidente Santiago Peña anuncia su renuncia y el Congreso no la acepta

El martes 4 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, el banco digital más grande del país, después de determinar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo regulatorio exigido. Veinticuatro horas después, el presidente Santiago Peña anunció en un video publicado en X que presentaría su renuncia al cargo. Al cierre de esta nota, el Congreso paraguayo no había logrado aceptar esa renuncia, y el juicio político en su contra seguía avanzando en el Senado.

Un banco con 2.9 millones de clientes, en un país de 6.1 millones de habitantes

Ueno Bank no era un banco pequeño. Con cerca de 2.9 millones de clientes —casi la mitad de la población total de Paraguay—, su colapso dejó filas en las sucursales y protestas nocturnas en Asunción apenas se conoció la intervención. Entre los depósitos afectados había aproximadamente USD 850 millones en fondos públicos, incluyendo recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo de seguridad social del país.

El mismo miércoles en que anunció su renuncia, Peña promulgó una ley de emergencia aprobada horas antes por el Congreso: permite un adelanto del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante (equivalente a unos USD 19,787), pagadero en un plazo de cinco días hábiles, además de un primer pago inmediato de hasta 10 millones de guaraníes (cerca de USD 1,675) por persona. El Banco Central nombró al economista Raúl Vera Bogado como su nuevo titular, en reemplazo de Carlos Carvallo, quien renunció — ese nombramiento todavía requiere ratificación del Senado.

Lo que sí se investiga: préstamos a empresas del mismo grupo económico

La fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por préstamos y sobregiros otorgados entre 2025 y 2026 a empresas del mismo grupo económico que el banco, en condiciones que, según la acusación, no siguieron los criterios normales de riesgo crediticio. Se solicitó prisión preventiva para Miguel Vásquez, fundador y accionista mayoritario de Ueno Bank, y arresto domiciliario para otros ejecutivos — ocho de ellos ya detenidos, según reportes de Infobae. Esto es un hecho documentado por la propia fiscalía, no una acusación sin sustento: la pregunta de si hubo intención dolosa o solo mala gestión de riesgo es la que determinará un proceso judicial que apenas comienza.

La renuncia que el Congreso no aceptó

Peña publicó su anuncio con una frase que resume el tono de su mensaje: "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República". Agregó que ningún cargo puede estar por encima del bienestar de Paraguay y pidió disculpas a los ciudadanos si había fallado a su confianza.

Pero la renuncia de un presidente, en el sistema paraguayo, no es automática: requiere que el Congreso la acepte en sesión plenaria. Esa sesión perdió el quórum necesario —legisladores del propio Partido Colorado que buscaban aceptarla se retiraron al ver que iban perdiendo la votación—, dejando la renuncia en un limbo formal. En paralelo, 35 legisladores habían presentado, bajo el artículo 225 de la Constitución paraguaya, una acusación de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La Cámara de Diputados la aprobó por unanimidad y la remitió al Senado, donde se necesitan 30 de 45 votos para remover a un presidente. Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y quien había respaldado la candidatura de Peña en 2023, confirmó que su partido acompañaría el juicio político.

La fiscalía, por su parte, asignó tres fiscales a una denuncia penal contra el propio Peña relacionada con el caso — un elemento que distingue esta crisis de una simple renuncia por desgaste político: hay, además, un proceso judicial en marcha contra el mandatario mismo.

Una sucesión que tampoco está resuelta

Si la renuncia se formaliza, la presidencia pasaría al vicepresidente Pedro Alliana — pero varios reportes coinciden en que esa transición depende de que el Congreso complete el trámite de aceptación, algo que no había ocurrido al cierre de esta nota. Es decir: Paraguay tiene, al mismo tiempo, un presidente que dice haber renunciado, un Congreso que no se lo ha aceptado formalmente, y un juicio político activo contra él en el Senado. Cualquiera de los tres caminos —renuncia aceptada, juicio político exitoso, o que Peña termine reteniendo el cargo— sigue siendo posible.

Un telón de fondo regional: la discusión sobre efectivo y economía digital

Esta crisis ocurre en un momento en que varios países de la región están revisando la relación entre bancos digitales, efectivo y regulación financiera. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó este año una Ley de Economía Digital, aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre, que busca reducir gradualmente el uso de efectivo e impulsar pagos con tarjeta, transferencia y códigos QR, con la Secretaría de Hacienda facultada para designar sectores con restricciones al pago en efectivo. No hay ninguna relación causal entre ambos procesos —son dos países, dos marcos regulatorios y dos lógicas distintas—, pero la coincidencia temporal sí ilustra una tensión regional real: la banca digital crece más rápido de lo que algunos marcos de supervisión logran acompañar, y Ueno Bank, con casi la mitad del país como clientes, es el ejemplo más extremo de ese desfase hasta ahora documentado en la región.