México militarizó sus aduanas para frenar el huachicol. Seis años después, son tenientes coroneles del Ejército los prófugos por huachicol fiscal
La FGR acusa a 13 personas, entre ellas dos tenientes coroneles del Ejército que dirigieron la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, de operar una red que introdujo 144.5 millones de litros de combustible declarándolo falsamente como una solución de cloruro de calcio. Siete ya fueron detenidos; los militares siguen prófugos, seis años después de que Sedena y Semar tomaran el control de las aduanas del país precisamente para frenar este tipo de corrupción.
El 5 de octubre, múltiples medios nacionales —Reforma, El Universal, AM, Diario.mx, La Verdad y El Imparcial, entre otros— reportaron la misma historia el mismo día: la Fiscalía General de la República acusa a 13 personas de operar una red de huachicol fiscal en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, y entre los señalados con orden de aprehensión están dos tenientes coroneles del Ejército, Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes dirigieron esa aduana entre 2024 y 2026. Según la FGR, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 la red introdujo 144.5 millones de litros de combustible —diésel, gasolina y nafta ligera— a través de 291 pedimentos aduaneros que cubrían 1,366 carros tanque, declarados falsamente como una solución de cloruro de calcio. Un juez federal ya giró las órdenes de aprehensión; siete de los trece implicados ya fueron detenidos, pero los tenientes coroneles y un tercer señalado, Jorge García García, permanecen prófugos.
La ironía que el propio caso expone
Vale la pena recordar por qué las aduanas mexicanas terminaron bajo control militar en primer lugar. En julio de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que Sedena y Semar administrarían las aduanas terrestres y marítimas del país como estrategia explícita contra la corrupción y el contrabando de combustible, replicando el modelo que ya se había usado para intervenir las operaciones antihuachicol de Pemex. Para mayo de 2021, el control militar se extendió a las aduanas de la frontera norte, y para febrero de 2022 la totalidad de las aduanas del país ya operaban bajo administración de Sedena o Semar. La justificación central de esa decisión era, explícitamente, que los militares serían menos susceptibles a la corrupción que había permeado el sistema aduanero civil. El caso de Matamoros no contradice esa lógica de forma abstracta: la contradice con los dos nombres y rangos específicos de quienes dirigían esa aduana exacta cuando, según la FGR, la red operó.
No es la primera vez que esto pasa dentro de una institución armada
Lo que distingue a este caso de un episodio aislado de corrupción es que no es el primero de este tipo documentado dentro de las fuerzas armadas en el último año. A finales de 2025, una investigación de siete meses de la Semar desarticuló una red de contrabando de combustible vinculada a los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna —sobrinos del entonces almirante Rafael Ojeda Durán—, que resultó en la detención de 25 personas, 19 de ellas personal activo o retirado de la Marina, incluyendo un almirante, dos contraalmirantes y dos vicealmirantes. Ese caso se destapó tras un decomiso de 10 millones de litros en el puerto de Tampico y el testimonio de un testigo protegido. Que el mismo patrón —oficiales de alto rango facilitando o participando en redes de huachicol fiscal dentro de una institución armada distinta— se repita apenas diez meses después, esta vez en el Ejército en lugar de la Marina, sugiere algo más sistémico que una manzana podrida aislada en una sola corporación.
La escala del problema que ninguna institución ha logrado contener
El caso de Matamoros se suma a un patrón más amplio que la propia Secretaría de Hacienda ya había documentado antes de este caso específico: entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las aduanas del país detectaron 109,400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, lo que permitió evitar una pérdida fiscal de alrededor de 4,600 millones de pesos en IVA e impuestos especiales. Más de 1,400 funcionarios aduaneros fueron removidos de sus puestos en ese mismo periodo, y 53 personas enfrentan actualmente cargos penales relacionados, con 63 procedimientos adicionales contra agentes aduanales en distintas etapas. Estas cifras, aunque no están directamente vinculadas al caso de Matamoros, describen el tamaño del problema de fondo que la militarización de las aduanas todavía no ha logrado resolver, seis años después de haberse implementado como la solución definitiva.
Por qué declarar combustible como "cloruro de calcio" no es un detalle menor
El mecanismo específico que la FGR documenta —declarar combustible como una solución de cloruro de calcio en los pedimentos aduaneros— no es un simple error de clasificación arancelaria: es una sustitución deliberada de la descripción del producto que, de no haber sido detectada, habría permitido mover 1,366 carros tanque de combustible a través de la frontera sin pagar los impuestos ni cumplir los requisitos regulatorios que corresponden a hidrocarburos. Para que ese tipo de sustitución funcione de forma sostenida durante siete semanas y a esa escala, requiere no solo la complicidad de quien firma el pedimento, sino de algún nivel de tolerancia o desatención en las revisiones físicas que, en teoría, deberían distinguir entre una solución química industrial y combustible líquido. Ese es, precisamente, el tipo de control operativo que la presencia militar en las aduanas debía fortalecer frente al sistema civil anterior.
Lo que todavía no sabemos
Hasta el cierre de esta nota no localizamos un pronunciamiento específico de Sedena, Semar, la Secretaría de Hacienda ni del gobierno de la presidenta Sheinbaum reaccionando directamente al caso de Matamoros. Tampoco hay, por ahora, una explicación pública sobre cómo una red que, según la FGR, movió 144.5 millones de litros de combustible en apenas siete semanas pudo operar sin ser detectada por los propios mecanismos de control interno de una aduana bajo mando militar directo. Mientras los tres prófugos sigan sin ser localizados, la pregunta que el caso deja abierta no es solo si la militarización de las aduanas puede todavía mejorarse con más controles, sino si el diseño institucional específico de poner a las propias fuerzas armadas a vigilarse a sí mismas, sin un contrapeso civil independiente dentro de la operación aduanera, es capaz de producir el tipo de control que la decisión original de 2020 prometía.
Fuentes
- Militarizaron las aduanas para frenar la corrupción y el contrabando, pero seis años después la FGR investiga una red de huachicol fiscal en Matamoros — El Imparcial
- Fracasa limpia en aduanas: van por mandos del Ejército prófugos por huachicol fiscal — AM
- Militarizan aduanas pero continúa el huachicoleo — La Verdad
- Busca detener a tres militares por presunto huachicol — MVS Noticias
- México militariza aduanas y puertos: Sedena y Marina al frente — T21
- Totalidad de aduanas ya son administradas por Sedena: AMLO — La Jornada
- Semar "barre" en siete meses red de huachicol fiscal — Milenio
- En meses, aduanas detectó 109.4 millones de litros de hidrocarburos no declarados: Hacienda — El Heraldo de México